Desde la época de Trujillo hasta hoy, surgieron más de 20 proyectos que prometían el rescate del Ozama e Isabela
Cada descarga de agua contaminada es un golpe mortal. Las corrientes de desechos lo han debilitado y languidece. Los intentos por reanimarlo alargan un poco más su vida, pero las continuas agresiones que sufre condenan al río Ozama a una muerte lenta. En cambio, aun en estado crítico, el Ozama se constituye en la principal fuente de abastecimiento de agua potable para los habitantes del Gran Santo Domingo. Sin embargo, paradójicamente, también es considerado como el mayor foco de contaminación de este litoral.
Para su rescate, en las últimas cuatro décadas, gobiernos destinaron millones de pesos, emitieron más de una decena de decretos, echaron a andar unos 20 proyectos, se crearon comisiones, fundaciones e incluso, un gabinete.
Esto, a modo de contrarrestar un diagnóstico que ya para la década del 70 era motivo de preocupación. Literaturas consultadas enumeran varias causas que dieron origen al daño progresivo del río. Los asentamientos informales y la permisibilidad de las autoridades, sumado a la falta de planificación urbana ocasionaron un cáncer que fue empeorando con el establecimiento de industrias en la cuenca. A la vista de todos, en las márgenes del río se formaron cordones de miseria. Familias de escasos recursos encontraron a orillas del Ozama un lugar para vivir, pero sin proponérselo se convirtieron en una amenaza para esta importante fuente, que de vez en cuando les responde con crecidas.
Las primeras intervenciones para liberarlo de la amenaza que representan los asentamientos improvisados en toda su cuenca datan de la época de la tiranía.
En 1959, Rafael Leónidas Trujillo encomendó al Ayuntamiento del Distrito Nacional la reubicación de los habitantes de los barrios Los Guandules, Guachupita y La Ciénaga, quienes fueron trasladados a Los Mina, en la parte oriental de la capital. Tras la muerte del tirano, no pasó mucho tiempo para que estos terrenos volvieran a poblarse.
Surge otro intento. En los años 1968-1978, el entonces presidente Joaquín Balaguer desarrolló el proyecto habitacional Las Caobas para ubicar a familias de La Ciénaga y La Zurza que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en la ribera del Ozama. La iniciativa no fue del todo exitosa. Con el tiempo, muchos de los beneficiados vendieron sus propiedades y regresaron a la zona.
Paralelo con este crecimiento desordenado, a la cuenca del Ozama se añadieron industrias de distintas naturalezas, que contribuyeron con sus descargas residuales no tratadas a la degradación de este importante recurso hídrico. Se estima que alrededor de 54 cañadas y 241 empresas vierten sus residuos directamente en el Ozama y en el Isabela, su principal afluente.
Para los 90, los signos vitales del Ozama reflejaban lesiones considerables en su interior. La situación se salió de las manos de las autoridades. Una vez más el mandatario Joaquín Balaguer intervino, pero en esta ocasión con tinta y papel. Mediante el decreto 183-93, ordenó la creación en la ciudad de Santo Domingo de un Cinturón Verde, coordinado por la Comisión Nacional de Asuntos Urbanos.
El Estado Dominicano tendrá el control de las áreas que forman este Cinturón Verde, las cuales quedan definidas”, reza el documento cuyos límites abarcan la franja del Ozama y sus afluentes.
En el informe básico sobre los puntos críticos en la cuenca media y baja del río Ozama e Isabela, al hacer referencia a este hecho explica lo siguiente: “a pesar de la intención acertada de esta acción, al ser declaradas estas tierras de utilidad pública por el Estado se crea un conflicto de legalidad que continúa hasta hoy (2013). Previo al decreto muchas de esas estaban parceladas y edificadas con títulos de propiedad que el Estado nunca saldó a sus propietarios, pero que sin embargo sí les reconoció el valor de las mejoras o edificaciones realizadas sobre los mismos, pero pasando a ser ocupaciones ilegales. Este decreto dio pie a un proyecto que se proponía ser más integral que el anterior. Lo llamaron Plan de Acción Coordinada Interinstitucional para la Reestructuración Socio-Económica, Urbana y Ecológica de los Barrios Marginados que bordean los Ríos Ozama e Isabela en la Ciudad de Santo Domingo (RESURE)”.
Aunque el plan fue concebido en el mandato de Joaquín Balaguer, su implementación inicia en 1997, en la gestión de Leonel Fernández
La intervención contemplaba la reubicación hacia San Luis de unas tres mil familias ubicadas en la zona de riesgo de La Zurza, La Ciénaga y Los Guandules. El modelo integral urbanístico, incluía el mejoramiento de las viviendas, levantar escuelas, centros médicos y comerciales y la construcción de una avenida en la ribera occidental.
