El equipo legal de Donald Guerrero, quien fungió como ministro de Hacienda en los periodos desde el 2016 hasta el 2020, respondió a través de un comunicado algunos puntos donde alegan se violan los derechos legales de su cliente en una investigación secreta que realiza el Ministerio Público, además de explicar las razones por las que según ellos los documentos del informe desestiman su validez.
Según los abogados, dentro del informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría se han indicado innúmeras consideraciones que afectan su validez “los autores lo reconocen como un acto de trámite y sin ningún efecto jurídico ante el Tribunal Superior Administrativo; luego inicialmente se negó la suscripción del Contralor de la República, sin embargo, recientemente fue publicada una carta de remisión suscrita por este; no así, su firma en el informe, requisito formal del documento de trámite: haciéndolo inválido en virtud del artículo 14, de la Ley 107-13”.
Así mismo exponen que “sobran razones para establecer que, por la inteligencia combinada del artículo 69.8 de la Constitución de la República Dominicana y el artículo 27 de la ley 107-13, la prueba vinculada al Informe de la Unidad Especial de la Contraloría General de la República Dominicana es nula, no podría servir de fundamento para dictar una medida de instrucción, pues, constituye una flagrante violación al derecho de defensa, el derecho a ser escuchado, el derecho de acceso a la prueba, las garantías de contradicción, igualdad y transparencia”, afianzando la invalidez del documento para ser utilizado como prueba.
