En una evaluación sobre el Gobierno, el sector eléctrico seguramente tendría un asterisco, y no una marca de cotejo en positivo.
Es un área a la que se le ha visto debilidad, por ejemplo, en la distribución y comercialización, y en concretar lo requerido para robustecer la generación. Por tanto, resulta complicado incluirla dentro de las gestiones exitosas de la administración que comenzó el 16 de agosto del año 2020.
La sombrilla del sector eléctrico (que es el Ministerio de Energía y Minas) tiene como cabeza a una persona de comprobada preparación y de una seriedad que nadie cuestiona. El ministro Antonio Almonte es un físico de formación que conoce en profundidad la industria y los mercados eléctricos, así como los nuevos sistemas energéticos alternativos.
Tiene un máster en Física Nuclear de la Universidad de Surrey, Gran Bretaña y otro título igual en Ingeniería Nuclear del Instituto de Estudios Nucleares/Ciemat, Madrid, España.
Asumió el cargo de ministro de Energía y Minas de República Dominicana el 16 de agosto de 2020, y con su designación se envió una señal de que se realizarían los cambios que por años venían demandando el ramo eléctrico y otros actores. Hasta su nombramiento, trabajó para el sector privado en el área de física nuclear, y ofrecía sus conocimientos y experiencia a instituciones especializadas en medicina oncológica.
Pero lo cierto es que en materia eléctrica encarrilar la música hacia una misma sintonía no ha sido tarea fácil, especialmente porque, a juzgar por los resultados, eso no depende única y exclusivamente del director de la banda.
Uno de los problemas que puede tambalear un negocio es el de las pérdidas; y en el caso de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), que son Edesur, Edeeste y Edenorte, éstas han aumentado.
El déficit en la comercialización de energía de las EDE se colocó en alrededor de 40 % a septiembre 2022, lo cual significa un aumento de 10 puntos porcentuales con respecto al nivel de 2019.
Y mientras eso ocurre, se ha registrado un aumento de la cantidad de empleados de las EDE, si se mira desde octubre de 2020 a septiembre de 2022.
Como elemento negativo se suma la falta de disponibilidad de equipos de medición (contadores). No se han licitado esos equipos que se requieren para reducir las pérdidas. Paralelamente, hay una merma de la inversión en los proyectos y programas de reducción de pérdidas
El déficit del sector eléctrico en 2022 se colocará alrededor de US$1,500 millones y para 2023 podría subir a los US$2,000 millones.
Licitación compra energía desierta
Debido a la elaboración de un pliego que no tomó en consideración las condiciones del mercado eléctrico, la licitación para compra de hasta 900 megavatios (MW) de energía bajo contratos de largo plazo quedó desierta.
El Consejo Unificado de las EDE preparó un pliego con costos máximos admisibles (precios) para compras menores a los que prevalecen en el mercado eléctrico, lo cual impidió que los generadores interesados pudiesen presentar ofertas económicamente factibles.
Esto implica que, a partir de enero 2023, los generadores de electricidad AES Andres, DPP e Itabo, entre otras, tendrán que suplir su energía en el mercado spot.
Ese elemento aumenta el grado de incertidumbre de la disponibilidad de electricidad y eleva, por tanto, la probabilidad de que aumente el desabastecimiento, es decir, la cantidad de horas de apagones a partir de esa fecha.
Lo anterior se agrava con el hecho de que hay fuentes de generación que utilizaban gas natural (alrededor de 600 MW de AES Andres y DPP) que tendrán que generar con diesel en 2022.
En enero de 2022 se lanzó una licitación de 800 MW, para dos unidades de 400 MW cada una a gas natural.
El Ministerio de Energía y Minas suspendió esa licitación horas antes de la entrega de las ofertas debido a que las condiciones establecidas en el pliego de licitación no aseguraban el éxito de ese proceso.
El proyecto de Manzanillo, consistente en dos unidades de 420 MW a gas natural cada una, se prevé que supla energía a partir de 2026 a un precio entre 6 y 9 centavos de dólar por kilovatio hora, lo cual es poco probable.
Los contratos de compra de energía no se han firmado ni se tiene un contrato de compra de gas natural, situación que dificulta la posibilidad del cierre financiero de los dos bloques que componen ese proyecto.
El Consorcio Energía 2000 inició la construcción de una central de 414 MW a gas natural que venderá electricidad en el mercado spot a partir de 2024.
Ese proyecto también tiene una gran incertidumbre, pues depende de que se concluya la terminal de gas natural en Manzanillo.
La barcaza que se instalaría en azua y las unidades modulares de generación instaladas en Boca Chica producirían electricidad a precios que oscilarían entre 29 y 25 centavos de dólar por kilovatio. Eso significa que sólo serían despachadas cuando algunas de las grandes unidades, como Punta Catalina, AES Andres o DPP, salgan a mantenimiento.
De acuerdo con el contrato PPA que tienen esas unidades de generación, aun cuando no sean despachadas las empresas distribuidoras de electricidad, las EDE tendrían que realizar pagos millonarios por capacidad.
capacidad.
A mitad de año, en mayo se registraron manifestaciones populares en el Cibao y en otros puntos de la geografía nacional por los prolongados apagones que afectaron al país para entonces.
Una mirada a los que han estado en las direcciones
El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, fue antes vicepresidente de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Secretario del Consejo Unificado de las Distribuidoras. También estuvo como gerente de Edeeste, luego de que el Ejecutivo destituyera a Tomás Ozuna Tapia (20 de mayo).
Edeeste para entonces tenía los números en contra, con las mayores pérdidas de las tres distribuidoras (51 % en enero-abril). Con Astacio al frente, la empresa tampoco dio el gran salto hacia números azules. El gerente general de Edesur es Milton Morrison, el de Edenorte es Andrés Cueto y en Edeeste está Andrés Julio Portes (de reciente designación el 12 de agosto de 2022).
Cumplió con un trabajo que se había prometido
El 7 de diciembre el presidente Abinader promulgó la Ley 365-22, que dispone la supresión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (Uerss) y dispuso la creación de la Empresa Generadora de Electricidad Punta Catalina. Hecho eso, el Gobierno cumplió lo prometido. Había dicho que en un esquema elemental de un sistema eléctrico organizado, los agentes básicos incluyen a quienes producen la energía, generadores, el que compra y distribuye, las EDE, el que planifica, el Ministerio de Energía o la Comisión Nacional de Energía, y quien regula, que es la SIE. “En ese mundo no cabe la Cdeee”, había explicado
