La jueza de Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, ordenó apertura a juicio de fondo de los acusados Adan Cáceres, Raúl Girón, Juan Carlos Torres Robiou, Miguel Ventura Pichardo, Guillermo de Jesus Torres Robiou y el Ministerio Jesús, Vino, Vine y Vuelve, involucrados en la investigación del Ministerio Público denominada Operación Coral.
También fueron enviados a juicio de fondo Erasmo Roger Pérez Núñez, mano financiera de Adan Cáceres, según acusación; Kelman Santana; Hacienda Kelman, Santiago Suárez, David Padilla, Epifanio Peña LeBron e Iglesia Bautista.
Previamente este lunes, la jueza decidió rechazar la solicitud de exclusión de gran parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, lo que, según el abogado de Adán Cáceres, significa que "es inminente que va haber una apertura a juicio" de fondo en el caso que encabeza el mayor general del Ejército y bautizado con el nombre Operación Coral.
Romel Jiménez, representante de Cáceres Silvestre, dijo que "es muy temprano" para reaccionar a lo que, por el momento ha decidido la magistrada porque deberán leerla cuando se les entregue por escrito.
La magistrada Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, rechazó dejar fuera la mayoría de las pruebas, sobre todo periciales, por entender que los argumentos de la defensa no tenían fundamentos y solo se basaron en la subjetividad y los prejuicios.
Entre lo que cuestionó la defensa es que muchos de los peritos son empleados del mismo Ministerio Público.
"Vamos hablar de lógica, al parecer es inminente que va haber una apertura a juicio porque la jueza está hablando de las pruebas que va a admitir en el proceso y solo se admiten pruebas para un juicio de fondo", adelantó Romel Jiménez.
La magistrada dio un receso hasta las 2:30 de la tarde para continuar la lectura del fallo al juicio preliminar del caso de corrupción que involucra a policías y militares y que asciende a 4,500 millones de pesos.
Los recursos habrían sido sustraídos a través del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), que dirigía Cáceres Silvestre, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
La distracción de fondos públicos, desde 2012 al 2020, se habría hecho en la compra de raciones de alimentos, combustibles y en el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en las manos de la red.
También de los fondos de inteligencia que no se destinaban a ese concepto y que igualmente se los quedaba el entramado.
