El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, aplazó para el próximo lunes a las 9.00 de la mañana el conocimiento de medida de coerción a los imputados en la presunta red de soborno y otros delitos desmantelada en la operación Gavilán.
La medida fue dispuesta a fin de darle oportunidad a los abogados para que preparen sus medios de defensa.
Varios abogados pidieron el aplazamiento, al alegar que no estaban preparados para que se conociera la medida, porque todavía no conocían el expediente.
A la salida del tribunal, el fiscal Andrés Mena dijo que el Ministerio Público estaba preparado para el conocimiento de la medida de coerción.
Señaló que continuarán las investigaciones y resaltó la fortaleza del expediente que consta de 139 páginas y de más de 100 elementos de pruebas.
Hay 12 personas arrestadas como parte de la Operación Gavilán que desmanteló una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional dedicada durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
Los fiscales que lideran la operación contra la red asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
