Los demás imputados recibieron distintos tipos de medidas de coerción
El juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, José Rafael de Asís Burgos, mandó a prisión por espacio de 12 meses a 10 de los 25 implicados en la Operación Discovery 2.0, por estafa y extorsión desde la República Dominicana a personas en Estados Unidos.
El tribunal dispuso también arresto domiciliario, impedimento de salida del país y distintos tipos de garantías económicas contra los 15 imputados restantes.
Los imputados Leslie Agnes Succart González, Juan Rafael Parra Arias, Miguel Ángel Camilo Pérez, Freddy Urtarte, Hayler Andrés Olivares Núñez, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Jonathan Ignacio Castro Güichardo y Deurys Antonio Franco de la Cruz fueron enviados a distintos centros carcelarios de la región Norte del país.
Prisión domiciliaria
Mientras que, la sala impuso prisión domiciliaria para los encartados Juan Armando Vázquez Ramírez, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Mélquido Rojas Vargas, Claudio Santana, Deuris Antonio Franco de la Cruz, Erick Ángel Peña Núñez, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, Benito Antonio Guzmán Castro, Wáscar Canot Guzmán, Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla y Luis Manuel Martínez.
También, contra Amaurys Joel Mesón Figuereo, Jonathan Ignacio Castro Güichardo, Arlin Josefina Rosa Rosario, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Lorena Franchesca Antigua Pérez y Juana Yadirys Ventura.
De acuerdo con lo informado por el fiscal litigante, Warlin Tavárez, dos de los imputados hicieron acuerdos de colaboración con el Ministerio Público.
Asimismo, indicó que otras siete personas están en la disposición de colaborar con la investigación.
El grupo es acusado de formar parte de una organización criminal que, apoyada en medios electrónicos, estafó y extorsionó a cientos de personas en Estados Unidos.
Los imputados enfrentan diversos cargos por delitos como asociación de malhechores, usurpación de identidad, estafa y lavado de activos.
La Fiscalía de Santiago, que desarrolló la investigación en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicita además que se declare la tramitación del caso como complejo contra los integrantes de la supuesta organización criminal que perfilaba a las víctimas siguiendo una lista de criterios con la que determinaba su mayor grado de vulnerabilidad.
