Los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunciaron que recusarán a la jueza que lleva el control judicial del caso de corrupción administrativa conocido como “Calamar”, por supuesta violación flagrante y reiterada de los derechos del exfuncionario.
Además, presentarán una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial, a fin de que se inicie en contra de la también jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, un proceso disciplinario por la comisión de “faltas graves” en el caso de su defendido.
El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Chanel Liranzo.
Plantearon que desde el día del arresto de Peralta y de la posterior imposición de 18 meses de prisión preventiva, han sostenido que se trata de una medida arbitraria, irrazonable y contraria a derecho, que con lo aportado por el órgano de investigación en su contra no debió ni siquiera ser arrestado ni ser parte del proceso que “injustamente” se sigue en su contra.
Pero lo sucedido el pasado viernes con la decisión de la jueza Patricia Padilla, agregaron, desborda cualquier noción de arbitrariedad e ilegalidad.
Precisaron que el 14 de agosto, interpusieron ante la jueza un recurso de “revisión a solicitud de parte” de la prisión preventiva impuesta contra Peralta bajo el amparo de los artículos 239 y 240 del Código Procesal Penal (CPP).
Indicaron que el artículo 240 del CPP, el tribunal apoderado tenía la obligación de fijar audiencia para conocer la solicitud, en un plazo de 48 horas, pero que dicha audiencia no fue fijada.
Observaron que, si bien es cierto que el hecho de no fijar audiencia era en sí mismo, una omisión grave, mucho más grave es lo que sucedió después.
En ese sentido, los abogados de Peralta dijeron: “El día primero de septiembre se nos notificó la resolución mediante la que se “rechaza” nuestra solicitud de revisión, sin que el solicitante y sus abogados fueran convocados y, mucho menos, escuchados”.
Agregaron: “Peor aún, la misma resolución decidió la revisión a solicitud de parte sin fijar audiencia, dispuso que la revisión obligatoria de la medida de coerción, prevista para el pasado día primero de septiembre, no se conocería ese día sino el día 28 de noviembre de 2023, es decir, tres meses después de lo previsto según la Ley”.
Llamaron a la atención de que, de confirmarse la decisión de la magistrada, “el señor José Ramon Peralta estaría 9 meses sin que un tribunal haya conocido regularmente la revisión de su prisión preventiva, que, según el CPP debe producirse de manera obligatoria cada tres meses; y a solicitud de parte, en cualquier momento”.
Según el comunicado, con esa decisión, la jueza violenta los más elementales derechos de Peralta, relacionados con el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Peralta es uno de los principales imputados en la operación Calamar develada por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por la supuesta sustracción de más de RD$ 17 mil millones de pesos al Estado.
