A finales de junio pasado, William O’Neill llamó al gobierno de Abinader a frenar las repatriaciones de haitianos, pero las autoridades le recordaron el derecho del país a ejecutar con independencia sus políticas migratorias.
El Gobierno rechazó ayer declaraciones “parcializadas y desafortunadas” del experto en derechos humanos para Haití de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, William O’Neill, quien cuestionó las políticas migratorias gubernamentales, incluyendo el cierre de sus fronteras.
En contrario, las autoridades expusieron su “profunda preocupación” por la falta de respuesta de las Naciones Unidas ante la grave crisis humanitaria, de seguridad y política que afecta desde hace años a Haití.
Un cable de la agencia EFE fechado en Ginebra, Suiza, recoge declaraciones de O’Neill en las que éste se muestra “extremadamente alarmado” por la decisión dominicana de cerrar sus fronteras.
El conflicto fue generado por la construcción de un canal para desviar el agua del río Masacre, con fines de regadío y otros negocios privados
Un comunicado de respuesta de la Cancillería indica que desde 2021, “venimos instando a la comunidad internacional a responder al llamado de auxilio de las autoridades haitianas, reconociendo el impacto que esta crisis tiene en nuestra región y, en particular, en nuestro país”.
CONDICIÓN PARA UNA REAPERTURA
Respecto al caso del canal, las autoridades reiteraron que cualquier diálogo con Haití está condicionado a la detención efectiva de la construcción “unilateral e ilegal del canal en el río Dajabón”.
“La declaración conjunta del 27 de mayo a la cual se refiere el señor O’Neill se basó en esta condición, como lo confirmaron las declaraciones del ministro Roberto Álvarez el 31 de mayo de 2021 y su comunicación al canciller haitiano el 6 de julio de 2021, en la cual el ministro reiteró su llamado al diálogo bajo esa condición”, agregó.
En segundo lugar, añade, O’Neill menciona el tema migratorio, “que no guarda relación con el conflicto del canal”. En una declaración que rechaza “de plano” declaraciones del experto, el gobierno indica que como ya expreso en una respuesta a O’Neill el 29 de junio pasado, “no somos responsables de la situación interna en Haití y no es razonable que nuestro país tenga que asegurar el bienestar social de los haitianos”.
“La situación interna de Haití no es óbice para la aplicación de nuestra Ley General de Migración”, advierte.
No obstante, el gobierno indicó que toma nota de la solicitud de dejar pasar ayuda humanitaria a Haití, pero reiteró que “la solución inmediata y definitiva de este problema está en manos de Haití, cuando decida poner fin a la construcción del canal”.
También juzgó prematuro hablar de un arbitraje internacional “cuando no hay un conflicto entre dos gobiernos”, recordando que la crisis “ha sido generada por actores particulares haitianos, oportunistas e irresponsables, sumado a la crisis humanitaria, de orden público y seguridad en Haití, que afecta la capacidad de su gobierno de imponer el Estado de derecho”.
