El entramado enfrenta cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas
El juez Máximo Saint Hilaire, de la Oficina de Judicial Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó 18 meses de prisión preventiva, arresto domiciliario, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra los siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), detenidos por un fraude de RD$2,500 millones.
La prisión preventiva fue impuesta a los imputados Jorge Eligio Méndez, expresidente de Coop-Herrera; Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y a Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Mientras que a Kenia del Carmen Liriano Pérez le fue impuesto arresto domiciliario, una garantía de tres millones mediante una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.
En tanto, Ana Cecilia Tejada Santos recibió como medida de coerción una garantía de tres millones mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes.
En cambio, a Simona Borsilea le fue impuesta una garantía de un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país e igualmente, la presentación periódica los días 25 de cada mes.
El juez declaró el proceso como complejo y fijó la revisión obligatoria de la medida para el 22 de enero de 2024 y la audiencia control para el 24 de junio de ese mismo año.
El entramado enfrenta cargos por los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. Los imputados incurrieron en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.
Los implicados fueron arrestados el día cuatro de octubre mediante la Operación Búho, producto de una investigación de varios meses.
El órgano persecutor movilizó a más de 20 fiscales, alrededor de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varias personas presentaron denuncias contra los ejecutivos de Coop-Herrera.
Durante la operación, el Ministerio Público ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas, en virtud de una orden judicial autorizada por un tribunal.
Los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos, entre otras manifestaciones criminales, todas con el objetivo de distraer el dinero de los asociados y los ahorrantes.
