La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho personas acusadas de presuntamente falsificar actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y para el porte de armas.
El tribunal también dictó otras medidas de coerción contra siete personas, todas acusadas por el Ministerio Público de formar parte de un entramado dedicado a cometer esos ilícitos, según informó este viernes la Procuraduría General de la República en un comunicado.
El Ministerio Público dijo que desmanteló la supuesta red de falsificación a través de la operación Colibrí.
La prisión preventiva por 18 meses se impuso contra Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elias Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomas Enmanuel Rodríguez Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Reyes y José Carlos Montero Troncoso.
Además, la jueza Iris Borgen Santana impuso garantías económicas a saldar mediante contratos por un monto de 500,000 pesos cada uno para los imputados José Alfonso Acevedo García, José Rosario Marte, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amaurys Ramírez y Rubén Darío Núñez Ortega.
Este último grupo acudirá periódicamente por ante la Fiscalía los días 17 de cada mes, y tiene impedimento de salir del país, sin previa orden judicial.
El próximo martes, a las 3:00 de la tarde, el mismo tribunal se abocará a conocer la solicitud de medida de coerción contra el imputado Fausto Merán, quien será asistido por un defensor público, debido a que su defensa técnica abandonó el proceso en plena audiencia, agregó la información.
La jueza Borgen Santana declaró el proceso de tramitación compleja y destacó la exposición del delito de falsificación de un documento público y como esta «simple posesión», como entiende puede verse, de una certificación irregular puede dar lugar a numerosos actos contrarios a la ley.
El Ministerio Público, haciendo uso de numerosas diligencias de investigación, incluyendo la figura del agente encubierto o investigador bajo reserva, que bien valoró el tribunal, se extendió durante más de un año en la identificación de los miembros de la estructura, el rol que desempeñaba cada uno, la recolección de datos y el alcance de sus ejecuciones, precisó el documento.
«El tribunal valoró la calidad y la contundencia de las pruebas aportadas en esta etapa inicial y otorgó un plazo de ocho meses para que se deposite acusación formal contra los implicados», afirmó la Procuraduría.
Entre las pruebas materiales, el Ministerio Público aportó plásticos para la impresión de cédulas, carnés, licencias de conducir y para el porte de armas de fuego; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una «irrefutable demostración de la implicación» de los detenidos con los hechos.
