Según el abogado, estos recursos fueron invertidos en lujos, pagos, restaurantes, viajes, compras de casa, entre otros gastos en beneficio de los encartados
Uno de los abogados que representa a 10 de los querellantes en la estafa inmobiliaria de más de 700 millones de pesos desmantelada mediante la Operación Nido indicó que los imputados no tienen la solvencia económica para pagar a las víctimas.
El abogado Jean Cristofer Pérez manifestó que ante esta situación, en su momento, solicitarán la intervención del Gobierno, tal y como ocurrió en 2013 cuando el Estado asumió y pagó a los afectados por el desfalco del Banco Intercontinental Baninter.
"Estos señores están insolventes para pagar a la parte querellante, en ese sentido nosotros nos vamos a ver en la necesidad de solicitar la intervención del Gobierno, para que en su momento pueda colaborar con la indemnización de las víctimas", indicó el jurista a las afueras de la sala de audiencia donde se le conocerá medida de coerción a los imputados.
De acuerdo con Pérez, los recursos que los querellantes pagaron al principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, fueron invertidos en gastos de lujo, pagos en restaurantes, viajes, compras de casas, entre otros gastos en beneficio de los acusados. Además de Emmanuel, están involucrados dos de sus hijos, su esposa, una hermana y otras personas.
Sin embargo, la abogada Rubiskyla García sostuvo que, aunque los imputados no tienen suficiente dinero en las cuentas de las empresas, sus recursos están invertidos en inmuebles, por lo que hay que esperar a que pase la medida de coerción.
"No hay solvencia económica en las cuentas de las empresas, pero sí tienen varios bienes inmuebles de los cuales podrían obtener fondos", planteó.
En la audiencia celebrada ayer, el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción para Reilin Arismendi Rosario, por colaborar con la justicia. El órgano pide prisión domiciliaria para el imputado.
Según el Ministerio Público, los imputados estafaron a unas 300 personas, de las cuales más de 200 han presentado querellas formales.
