Mientras la Procuraduría General de la República da curso al caso de corrupción contra un entramado de funcionarios de ese mismo organismo del pasado gobierno, acusados de pagos de sobornos, fraude, enriquecimiento ilícito, chantajes, falsedad de documentos, lavado de activos, entre otros, el actual gobierno, protagonizado personalmente por el presidente Luis Abinader, está librando una recia lucha para evitar que tales dolosas prácticas se repitan en la actual y futuras administraciones.
El mismo presidente de la República saca tiempo de su agenda para importantizar las acciones que libra su gobierno como parte de medidas bien específicas y concretas para cerrarle el paso a eventuales intentos de corrupción administrativa.
Pero nuestra opinión pública luce tan distraída que parece no darle la importancia que tiene el hecho de que el Poder Ejecutivo esté adoptando medidas para evitar que la corrupción que la sociedad busca castigar ahora en los tribunales no tenga que hacerlo en el futuro.
La corrupción, parecería que sobra decirlo, es criminal porque se roba el dinero que ha faltado para cubrir tantas necesidades humanas, básicas y no tan básicas pues también hurta dinero a las oportunidades del desarrollo.
Pero es perversa porque infesta al cuerpo social contaminándolo de mal ejemplo para las actuales y futuras generaciones.
Y es venenosa por cuando pudre la institucionalidad que tanta falta hace al curso del desarrollo en todos los órdenes, integral del país.
Hemos visto cómo la semana anterior el presidente Abinader dedicó unas dos horas con altos funcionarios a los que invitó a conocer el reglamento de Compras y Contrataciones Públicas.
En su conversación del lunes en La Semanal con la Prensa, presentó el mandatario logros tangibles y concretos que registra el gobierno en instituciones públicas en materia de transparencia, entre las que figuran la Dirección General de Aduanas, la de Ética e Integridad Gubernamental, la de Compras y Contrataciones y el Ministerio de Medio Ambiente, el de la Vivienda, Procompetencia y la Contraloría General de la República, incluyendo normativas de pulcritud y transparencia para gobiernos locales.
El informe presentado por el mandatario recoge logros alcanzados desde 2020 hasta 2023, con lujo de detalles en cada una de las instituciones. Pero la opinión pública luce tan distraída que no tiene tiempo para mirar para allá.
En estos días también se informó que la República Dominicana resultó electa a unanimidad para ocupar la presidencia del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) de la OEA, durante las elecciones celebradas en la Cuadragésima Primera Reunión del Comité de Expertos, que tuvo lugar Washington, Estados Unidos de América.
Ay, pero nuestra opinión pública luce tan distraída que apenas si algún medio digital se hizo eco de tan alentadora noticia para el rumbo ético del país.
