El Ministerio Público depositó este sábado solicitud de medidas de coerción contra los cabecillas de una estructura que reclutó a mujeres para explotarlas sexualmente, detenidos en allanamientos ejecutados en varios residenciales del sector Gurabo, al norte de la ciudad de Santiago.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado sobre la instacia, en las que solicita que se les imponga prisión preventiva y se declare complejo el proceso, producto de la ejecución de la Operación Flor de Loto con la cual rescató a 45 víctimas colombianas y venezolanas.
Luego de varios meses de seguimiento para conocer su modus operandi, la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, con el apoyo de la Policía Nacional, rescataron a 45 mujeres, 43 de ellas de nacionalidad colombiana y dos venezolanas.
Los tratantes y proxenetas las mantenían cautivas en varios apartamentos ubicados en los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, de Los Rieles de Gurabo, en donde eran explotadas sexualmente.
Con la ejecución de 15 allanamientos las autoridades constataron que se trata de una bien estructurada organización del crimen, integrada por los imputados Junior David Matos Monegro (Junior) y Estarly Almánzar Pérez.
Ambos viajaban a Colombia para seleccionar y reclutar a sus víctimas, costeando procesos migratorios y de vivienda para atar a las víctimas, que debían ejercer labores sexuales bajo condiciones dispuestas por ellos para saldar la deuda.
Los hombres, arrestados durante la operación tenían bajo control los documentos de identidad de algunas de estas víctimas, así como del pago que hacían sus clientes, con los que coordinaban el catálogo de servicios sexuales y los precios a pagar, a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp.
Durante los allanamientos los organismos involucrados se incautaron de más de 300 pruebas, entre materiales, documentales y otras testimoniales que vinculan a los imputados con la actividad criminal.
El órgano investigador presentó contra los imputados cargos provisionales por violación de varios artículos del Código Penal Dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el proxenetismo, cometidos en perjuicio de las víctimas y del Estado dominicano.
Además, le imputa a Matos Monegro violar la Ley sobre Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados.
La liberación de estas víctimas de explotación sexual comercial y otros crímenes conexos es el resultado de una investigación que, durante varios meses, requirió de un exhaustivo seguimiento y vigilancia para conocer desde su seno cómo operaba la red criminal.
Los apartamentos donde residían las víctimas eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la "inversión" realizada, indica la nota, que añade que a los procesados les fueron incautadas sustancias controladas y armas de fuego.EFE
