La adolescente tiene actualmente 15 años y era abusada desde los 12, según el Ministerio Público
El Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a ocho años de prisión a un hombre acusado de abusar sexual y psicológicamente contra una menor de 15 años de edad, a la que amenazaba de muerte y golpeaba para que se grabara desnuda y le enviara el contenido pornográfico que luego distribuía.
Los hechos tuvieron lugar desde que la víctima, de quien se omite el nombre para proteger sus derechos fundamentales, tenía 12 años de edad.
El hombre hallado culpable de los abusos contra la adolescente, la fiscalía lo identifica como Maicol Mera Chávez.
La litigante que representó a la Fiscalía de Santiago, Yarily Toribio, expresó a los jueces del Primer Tribunal Colegiado que el agravio cometido en perjuicio de la menor afecta su desarrollo integral y psicosexual, lacera su dignidad y supone un trauma para su vida, en tanto que fue sometida a experiencias que no se corresponden con su edad ni sus intereses.
Una comunicación de prensa del Ministerio Público detalla que con el paso del tiempo, el acusado mostraba una actitud violenta contra la menor a la que obligaba a desnudarse, para que se grabara y le enviara el contenido pornográfico, ordenando que lo hiciera con las especificaciones de poses, tipo de ropa, y horas específicas en que debía enviarle.
Una vez los padres de la menor descubrieron las conversaciones de esta con el acusado, intervienen para que el adulto se aleje y no la moleste, pero, por el contrario, el condenado arreció la persecución y actitud violenta hacia la menor.
Los informes establecen, que, en varias ocasiones interceptó a la víctima, en varios lugares y la agredía físicamente, además de que la amenazaba con publicar el contenido en fotos y videos que por medio de amenazas le solicitaba.
Violencia y control psicológico
La Fiscalía de Santiago obtuvo los resultados de la experticia forense digital, debidamente autorizada bajo la orden número 01426-2023, como evidencias de que Mera Chávez incurrió en la producción, difusión, adquisición y posesión intencional de pornografía infantil, concluye la Fiscalía de Santiago.
