El informe con los candidatos a miembros titulares de la Cámara de Cuentas se emitirá a partir del 27 de febrero
Tras las entrevistas a las que fueron sometidos los aspirantes a integrar el pleno de la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología están revisando los perfiles de los postulantes para confirmar que sus expedientes cumplen con todos los requisitos legales.
De acuerdo con el diputado Rogelio Genao, quien coordina las evaluaciones para designar a una nueva Cámara de Cuentas, el equipo que dirige envió todos los perfiles a las referidas entidades para garantizar la transparencia en el proceso.
En ese sentido, la Procuraduría y el Ministerio de Educación Superior revisan los expedientes de los candidatos para confirmar que las certificaciones que presentaron en la Cámara de Diputados son correctas.
Este proceso de examen se da tras las entrevistas que hicieron los diputados a más de 200 aspirantes que desean integrar la Cámara de Cuentas. La mayoría mostró su respaldo a un "cambio profundo" en la entidad auditora para no repetir los conflictos internos y los escándalos que han encabezado la actual gestión.
Las evaluaciones
De acuerdo con el diputado Genao, cuando los legisladores retornen a sus labores habituales, a partir del 7 de enero, coordinarán una nueva agenda para avanzar con el proceso de designación de la Cámara de Cuentas.
Sin embargo, el congresista confirmó que los trabajos con el organismo seguirán el 27 de febrero, cuando inicia la nueva legislatura en el Congreso.
La Constitución y los reglamentos congresuales facultan a los diputados a escoger cada cuatro años a los miembros titulares de la Cámara de Cuentas. Los actuales funcionarios del órgano fiscalizador fueron juramentados en abril del 2021 y terminan su periodo este año.
En aquel proceso fueron escogidos Janel Ramírez, como el presidente de la entidad, Mario Fernández, Elsa Peña, Elsa Catano y Tomasina Tolentino como los miembros titulares que completan el Pleno.
A mediados del 2023, los cinco estuvieron a punto de ser destituidos mediante un juicio político acusados de faltas graves en sus labores. Una investigación de la Cámara de Diputados demostró que los funcionarios cometieron usurpación de funciones, ocultamiento de auditorías y fallas en la entrega de sus informes periódicos al Congreso.
