Ambos decretos están firmados por el presidente de la República, Luis Abinader, donde se establece que la entrega de los nacionales se realiza bajo la condición de que no sean juzgados por delitos distintos a los que motivan la extradición.
El Poder Ejecutivo ordenó la extradición de dos ciudadanos dominicanos solicitados por otras naciones para cumplir condenas en esos países por delitos de asesinato, tenencia de armas de fuego así como el tráfico de sustancias prohibidas.
A través del decreto 6-25, el Gobierno dominicano entregará en extradición al nacional dominicano Pascasio Bueno Rosario, solicitado por la República Italiana para cumplir la orden de ejecución por encarcelamiento emitido por la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Roma, el 6 de abril de 2022.
Bueno Rosario está condenado a 12 años de detención por delitos previstos y castigados en la justicia italiana por haber importado hasta ese país una cantidad de 3,200 kilos aproximadamente de sustancia estupefaciente tipo cocaína, a Roma, el 4 de octubre de 2007.
El otro ciudadano se trata de Carlos Ariel Díaz Morales, solicitado por el Reino de España, y su extradición está contenida en el decreto 4-25, habiendo sido pedido por el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, en virtud de las diligencias previas 530/2016.
Esto por los delitos de asesinato previsto y penado en el artículo 139 del Código Penal Español y tenencia ilícita de armas de fuego previsto y penado en el artículo 563 del Código Penal Español.
Ambos decretos están firmados por el presidente de la República, Luis Abinader, donde se establece que la entrega de los nacionales se realiza bajo la condición de que no sean juzgados por delitos distintos a los que motivan la extradición.
Además, se asegura que no se le impondrá una pena mayor a la máxima prevista en la legislación penal de la República Dominicana, ni la pena de muerte, en caso de ser declarado culpable.
Los decretos también instruyen al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración, para que tomen las medidas necesarias para la ejecución de la extradición.
