Las políticas contra la corrupción parecen ser reiterativas
Los esfuerzos han mejorado la percepción de la corrupción
La lucha contra la corrupción ha sido uno de los temas más enfatizados por el presidente Luis Abinader durante su primer mandato. En estos cuatro años, el Gobierno ha implementado diversas iniciativas para fortalecer la transparencia en la administración pública.
Han sido diversos los proyectos impulsados buscan transparentar la gestión gubernamental. Sin embargo, se desconocen las acciones concretas de muchas de estas iniciativas.
Similares a la CPTA
Incluyendo la recién creada Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), al menos tres entidades han sido creadas bajo la actual administración con fines similares.
El 9 de diciembre de 2020, Abinader presentó el Plan Integral de Reformas Institucionales, que incluyó la creación del Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, dirigido principalmente por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El 12 de diciembre de 2022, durante la 20ª Conferencia Internacional de Anticorrupción, se formó un grupo de trabajo anticorrupción encabezado por la asesora de la USAID, Shannon Green, para fortalecer las políticas en esta materia.
A pesar de que estos organismos han operado por varios años, no se han reportado actividades significativas posteriores a su creación en la prensa nacional.
Otras dependencias
Entre las instituciones con mayor impacto en la lucha contra la corrupción destaca la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, creada en abril de 2021. Según datos recientes, entre 2023 y 2024, la Contraloría General realizó 206 auditorías, mientras que la Unidad Antifraude elaboró 123 informes, de los cuales 83 fueron solicitados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En octubre de 2022, se crearon más de 70 Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN). Para 2023, la cifra superaba las 200 comisiones activas, según la entidad.
Más acciones
Uno de los primeros pasos de Abinader fue ordenar, en agosto de 2020, auditorías en los ministerios de Educación, Salud y Obras Públicas para evaluar el estado en que fue recibido el Gobierno.
En octubre de 2020, el Estado dominicano firmó un Memorándum de Entendimiento con la ONU para fortalecer la institucionalidad y la transparencia.
En 2021, el Gobierno implementó el Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, dirigido a casi 600,000 funcionarios. Sin embargo, hasta 2022, solo 3,000 servidores de 10 instituciones habían completado el programa.
Avances en los indicadores
Aunque las políticas no digan mucho por sí mismas, las cifras pueden hablar con más claridad. El pasado 11 de febrero, el vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó que República Dominicana alcanzó una puntuación de 36 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, situándose en el puesto 104 de 180 países evaluados.
Este resultado representa una mejora de 8 puntos y 33 posiciones desde 2020, lo que, según el Gobierno, evidencia el impacto positivo de las reformas implementadas en los últimos años.
Además, el informe de Transparencia Internacional destacó al país entre los siete que más han mejorado en los en los últimos cinco años.
