Ahora Trump ha colocado personas leales en posiciones de liderazgo, como Emil Bove, el subsecretario de Justicia en funciones, que anteriormente fue abogado defensor de Trump.
Meses después de asumir su primer mandato como presidente, Donald Trump estaba furioso con la creciente investigación sobre Rusia y ordenó al abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, que se asegurara de que el fiscal especial Robert Mueller fuera despedido.
“Mueller tiene que irse”, recordó McGahn que dijo Trump. “Llámeme de vuelta cuando lo haga”.
Pero McGahn no lo hizo, y Trump ni siquiera lo mencionó la próxima vez que se vieron. Esos incidentes eran comunes durante la primera experiencia de Trump en la Casa Blanca, donde los funcionarios suavizaban o ignoraban sus decisiones más escandalosas y el presidente parecía reacio a hacer cumplir su voluntad.
Es difícil imaginar que lo mismo ocurra durante el segundo mandato de Trump. En lugar de repetir su actitud de laissez-faire hacia su propio Gobierno, el presidente republicano estrecha el control en cada oportunidad, respaldado por personas leales en todos los niveles del Gobierno. A pesar de la ocasional desorganización y confusión, hay una determinación obstinada de superar cualquier obstáculo.
Trump no sólo quiere cambiar de rumbo respecto a la presidencia de Joe Biden, su equipo está reteniendo fondos autorizados por el Congreso que fueron promovidos por su predecesor.
No sólo los funcionarios de Trump dijeron a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que dejara de trabajar, su equipo estableció una línea de denuncia para que las personas pudieran reportar acciones no autorizadas tomadas por el personal de la agencia.
Trump no se conformó con simplemente despedir a todos los miembros de la junta del Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Se nombró a sí mismo presidente.
Esta vez, Trump parece estar diciendo que sus órdenes no serán ignoradas. Esta vez, habrá seguimiento.
La Casa Blanca resume la estrategia de Trump con el mantra “promesas hechas, promesas cumplidas”. Los funcionarios del Gobierno también restan importancia a las preocupaciones de que el presidente esté ejerciendo demasiado control. Dicen que Trump tiene derecho a imponer su visión en el Gobierno que fue elegido para liderar.
Otros ven algo más oscuro y amenazante para el país y su futuro.
“Los instintos de Donald Trump no han cambiado”, dijo Timothy Naftali, un historiador de la Universidad de Columbia. “Él simplemente está más enojado, es más cruel y más efectivo de lo que fue en su primer mandato”.
En su primer mandato, Trump solía sentirse socavado por el “estado profundo”, un término utilizado por sus aliados para describir a los funcionarios civiles y de carrera. Ahora se está moviendo rápidamente para recortar la burocracia federal con la ayuda de Elon Musk, el empresario multimillonario a quien Trump ha empoderado para supervisar los recortes de personal.
“Nunca hemos tenido un presidente que entre en el cargo con un deseo tan profundo de venganza”, dijo Naftali. “Donald Trump está tratando de desmantelar instituciones que cree que lo avergonzaron”.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que fue creada para proteger a los estadounidenses de fraudes financieros, abusos y prácticas engañosas, ha quedado en un punto muerto. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, un distribuidor líder de asistencia humanitaria, se ha cerrado.
Un objetivo principal es el Departamento de Justicia, que enfureció a Trump al investigarlo durante su primer mandato y después de dejar el cargo. Fue acusado dos veces por las autoridades federales, aunque los casos fueron desestimados después de que ganó las elecciones del año pasado porque los presidentes no pueden ser procesados mientras están en el cargo.
Ahora Trump ha colocado personas leales en posiciones de liderazgo, como Emil Bove, el subsecretario de Justicia en funciones, que anteriormente fue abogado defensor de Trump.
La semana pasada, Bove presionó para desestimar los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, con el argumento de que era más importante que Adams ayudara a Trump a implementar políticas de inmigración más estrictas.
“La acusación pendiente ha restringido indebidamente la capacidad del alcalde Adams para dedicar toda su atención y recursos a la inmigración ilegal y al crimen violento que se intensificó bajo las políticas del Gobierno anterior”, escribió Bove.
Varios fiscales en Nueva York y Washington renunciaron en protesta, y se programó una audiencia judicial para el miércoles.
Trump dijo que no participó en la decisión de desestimar el caso contra Adams, pero anteriormente había dicho que el alcalde había sido perseguido injustamente por razones políticas.
Otro ejemplo del enfoque autoritario que emplea Trump esta vez ha sido su manejo de los cargos penales contra los partidarios que asaltaron el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Horas después de jurar el cargo hace un mes, el presidente indultó a aproximadamente 1.500 personas, incluidos los que atacaron a agentes de policía.
Luego, su Gobierno decidió ir aún más lejos. Miles de empleados del FBI están siendo interrogados sobre su papel en las investigaciones del 6 de enero, con sugerencias de que podrían enfrentar castigos.
Bove dijo que los agentes “que simplemente siguieron órdenes y cumplieron con sus deberes de manera ética” no estaban en riesgo, añadiendo que “las únicas personas que deberían estar preocupadas (…) son aquellas que actuaron con intención corrupta o partidista”.
Es un cambio drástico respecto al primer Gobierno de Trump, que incluía a varias figuras de la clase política tradicional que resistieron sus impulsos.
Olivia Troye, una exfuncionaria de seguridad nacional que ha sido crítica con Trump, dijo que los miembros del personal se consultaban entre sí después de las reuniones con el presidente.
“¿Por qué no esperas un momento antes de hacer algo, y vemos qué pasa?”, recordó Troye que la gente decía. “Veamos si pasa”.
Las señales contradictorias eran en parte una cuestión de inexperiencia. El presidente y algunos de sus asesores nunca habían servido en el Gobierno.
“Durante el primer Gobierno, francamente, no tenían idea de lo que estaban haciendo”, dijo Troye. “Ahora tienen personas en su lugar que estaban allí la primera vez. Llevan varios años preparándose para ejecutar”.
Trump ha adoptado una estrategia de tierra quemada para desmantelar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, comúnmente conocidas como DEI. Ha firmado órdenes ejecutivas para poner fin a los programas, pero eso no fue suficiente para su Gobierno.
Los mensajes distribuidos por la Oficina de Administración de Personal, que funciona como la agencia de recursos humanos del Gobierno federal, decían que los empleados no deberían intentar “disfrazar estos programas utilizando un lenguaje codificado o impreciso”.
Cualquiera que vea evidencia de DEI debe reportarla de inmediato.
“No habrá consecuencias adversas por informar esta información a tiempo”, decían los mensajes. “Sin embargo, no reportar esta información en un plazo de diez días puede resultar en consecuencias adversas”.
