Estas prácticas delictivas no son nuevas ante los ojos de las autoridades, contando con antecedentes que llevan a recordar a José Luis Alvarado, alias Chelo Regidor, acribillado por encapuchados en Galicia, España, y quien fue señalado como líder de bandas en Los Alcarrizos.
La palabra “vaqueo” es adaptada en los barrios dominicanos a ubicar jóvenes de manera estratégica, a cambio de dinero, con la misión de dar alerta cuando las autoridades pretendan intervenir los puntos de drogas. Una conjugación del verbo transitivo “vaquear”, cuyo significado corresponde al acto de “cubrir a las vacas”.
Los “vaqueadores” incurren en distintas modalidades, pasando de estar en sitios programados para “brechar” los pasos de la policía, hasta evolucionar a prácticas más sofisticadas con la instalación de cámaras de seguridad en postes de luz y las vías públicas.
Esto último aconteció en la provincia San José de Ocoa, a raíz de un levantamiento realizado por organismos de inteligencia en fecha 13 de febrero, que permitió la incautación de un sistema de vigilancia ilegal.
Así lo confirmó el procurador fiscal titular de esa jurisdicción, Francis Valdez, luego de la concentración en una reunión con autoridades policiacas de la demarcación, quienes se sumergen en una investigación para crear responsabilidad a las vulneraciones.
“Ahora instalan cámaras en las vías públicas y les pagan a sus dueños con la finalidad de mantener vigiladas las calles y las entradas, y poder advertir la presencia de la autoridad”, dijo Valdez.
Para estos métodos clandestinos eran utilizados los postes del tendido eléctrico, los cuales fueron tomados por individuos vinculados a actividades delictivas, en lo particular aquellos dedicados a la venta de sustancias narcóticas.
“Es necesario señalar que una persona puede tener una cámara en el frente de su casa, pero no en la calle, ya que solo el Estado tiene la autoridad para mantener monitoreada la vía pública”, explica el fiscal con relación a la legalidad de colocar sistemas de monitoreo.
Antecedente
Estas prácticas delictivas no son nuevas ante los ojos de las autoridades, contando con antecedentes que llevan a recordar a José Luis Alvarado, alias Chelo Regidor, acribillado por encapuchados en Galicia, España, y quien fue señalado como líder de bandas en Los Alcarrizos.
Según las investigaciones de este diario, las autoridades de Santo Domingo Oeste corroboraron que las cámaras de seguridad, a través de instalaciones ilegales, formaron parte de las tácticas disuasivas de este.
En esa tesitura, la prensa también recoge los operativos de desinstalación de cámaras de seguridad en el municipio de Sánchez, provincia Samaná, en fecha 5 de agosto de 2024. Para entonces, el exministro de la Presidencia, Joel Santos, aclaró que fueron retiradas porque no contaban con la aprobación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1).
El funcionario hizo guiño a que fue detectada la relación con el crimen organizado, en un intento de resguardarse de los operativos de la Policía Nacional.
Antes de esto, en septiembre de 2021, el Ministerio Público señalaba que la red criminal desmantelada en la Operación Falcón mantenía observadas las entradas y salidas, tanto terrestres como marítimas, del municipio Miches, provincia El Seibo.
Lo propio se extendía a puntos del interior del pueblo, quienes tenían instalados 26 puntos de cámaras de vigilancia, considerando la importancia de la localidad para transportar miles de kilos de drogas, acaparando control con la adquisición de propiedades que incluía estaciones de gasolina y rutas de transporte.
En vista de la cercanía con la provincia San José de Ocoa, este medio contactó a las autoridades fiscales de Bahoruco, Barahona y Peravia, quienes, aun no descartando la práctica, sostuvieron que en el momento no tienen reportes de que esto ocurra en sus zonas.
