El comité central del partido notificó del acto de alguacil
El miembro del Comité Central (CC) del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Eleuterio Abad Santos notificó formalmente al Comité Político (CP) de esta organización sobre la ilegalidad y nulidad de pleno derecho en el proceso escogencia de candidatura presidencial aprobado en la reunión del pasado 3 de marzo.
Mediante un acto de alguacil certificado y dirigido a Danilo Medina Sánchez, como Presidente del PLD y a los demás miembros del Comité Político, fueron intimados y se les advirtió sobre las violaciones a los Estatutos del partido, la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la Ley 20-23 sobre Régimen Electoral y la Constitución.
En el documento intimatorio depositado este viernes en horas de la mañana, quedan establecidas las violaciones detectadas por las que demandan la nulidad del proceso de elección de candidatos presidenciales.
Intimación
Abad Santos ha intimado al Comité Político del PLD a corregir esta ilegalidad de inmediato. En caso de que persistan en este proceso irregular, indicó que se procederá de inmediato a apoderar al Tribunal Superior Electoral (TSE) para que disponga las medidas correctivas necesarias y declare nulo de pleno derecho este proceso viciado.
"Advertimos que cualquier intento de imponer unilateralmente una elección sin respetar el consenso de los aspirantes y sin cumplir con las leyes vigentes será combatido con los recursos legales correspondientes", expresa el miembro del CC, en el documento.
Agregó que, "la institucionalidad del PLD no está en manos de una cúpula que actúe al margen de la ley, sino en el respeto a los principios democráticos y a la participación equitativa de sus miembros. Cualquier inscripción de aspirantes hecha en este proceso ilegal será impugnada y anulada en los tribunales".
Llamado a la militancia
Asimismo, hizo un llamado a la militancia del PLD y al pueblo dominicano a estar alerta ante esta maniobra que pone en riesgo la democracia interna del partido.
Indicó que la lucha por un PLD fuerte y transparente no puede ser secuestrada por decisiones impuestas y fuera del marco legal.
"El respeto a la institucionalidad es la única garantía para fortalecer el partido y recuperar la confianza de los dominicanos. No permitiremos que el PLD se desvíe de los principios que lo hicieron grande. La legalidad y la transparencia no son negociables".
A continuación, parte del texto del acto de alguacil:
- Violación de los Estatutos del PLD y falta de consenso:
El Comité Político ha impuesto un proceso de inscripción de aspirantes sin la debida consulta y anuencia de todos los aspirantes presidenciales, ignorando el precedente democrático del PLD.
En febrero de 2022, los aspirantes acordaron un mecanismo transparente para la elección del candidato, lo que permitió el desarrollo exitoso de la consulta del 16 de octubre de 2022.
La decisión adoptada el 3 de marzo de 2025 es unilateral, arbitraria y atenta contra la equidad y la unidad partidaria.
- Violación a la Ley 33-18 sobre Partidos Políticos
El Comité Político ha aprobado un adelanto ilegal del proceso de selección, disponiendo que la inscripción de aspirantes se haga en un plazo arbitrario de 30 días.
Tomando en cuenta que la selección de un "aspirante a precandidato" se realice en el primer trimestre de 2026, cuando la Ley 33-18 prohíbe adelantar procesos fuera del calendario electoral de la Junta Central Electoral (JCE).
"Cualquier inscripción hecha bajo estas condiciones es nula de pleno derecho y puede ser impugnada ante la JCE y el Tribunal Superior Electoral (TSE)".
- Violación a la Ley 20-23 sobre el Régimen Electoral
La decisión del Comité Político ignora los plazos oficiales establecidos por la JCE, lo que contraviene los artículos 54 y 57 de la Ley 20-23, los cuales determinan que los partidos no pueden adelantar procesos de elección sin autorización ni supervisión de la autoridad electoral competente.
"El PLD no tiene facultad para fijar fechas y plazos distintos a los establecidos en la ley electoral".
- Violación a la Constitución Dominicana
El proceso de selección impuesto por el Comité Político viola el principio de democracia interna consagrado en el Artículo 216 de la Constitución, que ordena a los partidos respetar la equidad, la participación y la transparencia en la selección de sus candidatos.
