Impuestos al arroz y lácteos estadounidenses han sido temas de discusión
Las licencias de importación provocan fricciones
A pesar de los avances alcanzados bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), persisten tensiones entre Washington y Santo Domingo en materia de políticas arancelarias, prácticas aduanales, regulaciones técnicas y derechos laborales.
Esta información se desprende del Informe de Barreras Comerciales Extranjeras 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que analiza las medidas que obstaculizan el acceso de bienes y servicios estadounidenses a mercados internacionales.
Firmado en 2004 e implementado progresivamente desde 2006, el DR-Cafta ha sido clave para el comercio dominico-estadounidense. Para la República Dominicana, su entrada en vigor el 1 de marzo de 2007 facilitó el ingreso libre de impuestos de casi todos los productos no agrícolas y agrícolas procedentes de EE. UU.
Sin embargo, la eliminación definitiva de aranceles a productos sensibles como el arroz, las piernas de pollo y ciertos lácteos, programada para el 1 de enero de 2025, ha generado controversia. El Gobierno dominicano emitió el Decreto 693-24, que congela el cupo libre de aranceles para el arroz estadounidense en 23,300 toneladas métricas anuales, imponiendo un arancel del 99 % sobre el excedente. Washington ha interpretado esta medida como una posible violación de los compromisos adquiridos bajo el tratado.
10 %
Es el arancel a ciertos productos dominicanos en EE. UU. impuestos como parte de la guerra comercial iniciada durante la administración Trump.
Por otra parte, las exportaciones dominicanas también enfrentan obstáculos al ingresar a territorio estadounidense. Entre ellos destaca un arancel del 10 % impuesto a ciertos productos, el cual forma parte de la política comercial implementada por la administración Trump, que contempla distintos niveles de tarifas a las importaciones provenientes de todos los países. El 10 % representa el umbral más bajo dentro de ese esquema, pero ha generado preocupación entre empresarios y autoridades dominicanas por su impacto competitivo.
En ese contexto, la semana pasada se celebró en Washington, D.C., una nueva ronda de negociaciones bilaterales entre representantes comerciales de ambos países. Durante las reuniones se discutieron estos puntos sensibles, incluyendo las cuotas arancelarias, la reciprocidad impositiva y las condiciones de acceso al mercado.
Desigualdad y trabas
El informe también denuncia que productos estadounidenses como el etanol y los quesos enfrentan cargas impositivas desiguales frente a sus homólogos locales. Mientras el etanol importado paga un impuesto ad valorem del 10 %, un impuesto especial de 11 dólares por litro y el Itbis de 18 %, el etanol producido en el país está exento de esos gravámenes. Lo mismo ocurre con el queso importado, que paga Itbis, a diferencia del nacional.
En el caso del acero de refuerzo estadounidense (rebar), se exige un proceso de pruebas en laboratorios externos, procedimiento no requerido para la producción local. Esta exigencia ha encarecido los costos y ralentizado la entrada al mercado dominicano, a pesar de algunos acuerdos puntuales con empresas exportadoras.
Licencias y aduanas
El sistema de licencias de importación continúa siendo una fuente de fricción. Aunque el país se comprometió a no usar criterios discrecionales, la emisión de permisos sigue siendo opaca, afectando la entrada de productos como arroz, azúcar, carnes y vegetales. También se han reportado obstáculos aduanales para vehículos usados fabricados en EE. UU., cuyos importadores enfrentan dificultades para demostrar su origen preferencial.
Avances parciales
En cuanto a las compras gubernamentales, se han dado pasos hacia mayor transparencia con el nuevo reglamento aprobado en 2023, pero la ley que debía consolidar dichas reformas no fue aprobada por el Congreso y venció en enero de este año. Por otra parte, el respeto a los derechos laborales en el sector azucarero sigue siendo objeto de vigilancia. El Departamento de Trabajo de EE. UU. ha reportado desde 2013 deficiencias persistentes en materia de condiciones de trabajo, pago, vivienda y documentación de trabajadores extranjeros.
La delegación dominicana, encabezada por los ministros Víctor -Ito– Bisonó (Industria, Comercio y Mipymes), Roberto Álvarez (Relaciones Exteriores) y José Manuel Vicente (Hacienda), viajó a Washington la semana pasada para dialogar con autoridades de EE. UU. sobre disposición arancelaria global anunciada por la administración Trump.
Mejoras y presiones, a casi 20 años del DR-Cafta
La República Dominicana fue retirada en 2024 de la lista de vigilancia del informe Special 301, tras la creación del Consejo Nacional Interministerial de Propiedad Intelectual y mejoras en la coordinación institucional. Aún así, persisten desafíos como la piratería digital y la falsificación de productos.
A casi veinte años de su entrada en vigor, el DR-Cafta enfrenta una realidad cada vez más adversa. La política comercial proteccionista instaurada por la administración Trump ha impuesto nuevos aranceles a las exportaciones dominicanas y debilitado el principio de libre comercio que dio origen al tratado.
Estas medidas, sumadas a decisiones unilaterales como el congelamiento de cuotas o el trato desigual a productos importados, cuestionan la vigencia real del acuerdo y ponen en duda su capacidad para seguir rigiendo las relaciones comerciales entre ambos países. Las negociaciones sostenidas esta semana en Washington podrían ser la última oportunidad para redefinir un marco comercial más equilibrado y sostenible, antes de que el DR-Cafta quede relegado a una formalidad sin efectos concretos.
