Los denunciantes sostienen que el ministerio público tiene la obligación de iniciar la acción pública contra del empresario Antonio Espaillat, comenzando con su interrogatorio para llevar a cabo una investigación objetiva.
Un total de 49 acciones legales, incluyendo querellas y denuncias, han sido presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set.
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