El gobierno británico extiende la experimentación de la castración química para determinados delincuentes sexuales, con el fin de reducir el riesgo de reincidencia y descongestionar las cárceles superpobladas.
La ministra de Justicia británica, Shabana Mahmood, ha ampliado una prueba piloto de castración química voluntaria a criminales sexuales a otras veinte prisiones de todo el país. La ministra ha destacado los resultados positivos por ahora y ha abierto las puertas a aprobar la castración obligatoria.
Este proyecto, aún en fase de discusión, se basa en un experimento iniciado en 2022 en varias prisiones del suroeste de Inglaterra, donde se ofrecen tratamientos inhibidores de la libido de forma voluntaria.
"El informe recomienda continuar con el proyecto piloto de tratamiento farmacológico para gestionar los trastornos del deseo sexual problemático", dijo Shabana Mahmood a los diputados.
"Iré más lejos con un despliegue nacional, empezando en dos regiones y cubriendo 20 prisiones. Y estoy estudiando la posibilidad de hacer obligatorio este sistema", añadió.
El contexto es la superpoblación de las cárceles británicas que provoca la liberación temprana de presos tras cumplir apenas un tercio de las condenas. La ministra cree que si están castrados los criminales sexuales también podrían ser liberados antes de tiempo y así ganar espacio.
Interrogado al respecto, el portavoz del Primer Ministro, Keir Starmer, subrayó que "las pruebas científicas son claras de que los tratamientos químicos pueden ser eficaces para tratar a delincuentes peligrosos, y por eso estamos ampliando su uso".
La castración química se administra mediante dos fármacos que incrementan la generación de serotonina y reducen la producción de testosterona, además de un trabajo psicológico. Ya se lleva a cabo la castración voluntaria en Alemania y Dinamarca y la obligatoria en Polonia. Sin embargo, no será tan fácil en Reino Unido.
Uno de los principales psiquiatras del Servicio Nacional de Salud británico ha resaltado la oposición de los médicos a castrar a seres humanos por cuestiones éticas y porque no está probada su eficacia. También los padres de víctimas de violación se han quejado que ni con la castración los violadores deberían poder salir antes de tiempo y que se estaría dando un mensaje de impunidad a los agresores.
La propuesta es una de las vías mencionadas en el informe independiente sobre la imposición de penas a los delincuentes publicado el jueves, que estima que el país carecerá de 9.500 plazas penitenciarias a principios de 2028.
A 31 de marzo de 2025, 14.863 personas cumplían penas de prisión por delitos sexuales en Inglaterra y Gales, lo que representa alrededor del 21% de la población reclusa adulta.
En Francia, también forma parte del abanico de tratamientos que pueden decidirse en el marco de un seguimiento socio judicial o de una libertad condicional. Sin embargo, lo prescribe un médico, no los tribunales penales.
