Solicita prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, argumentando que las medidas actuales no son proporcionales a la magnitud del daño ni previenen la intimidación de testigos.
El Ministerio Público ha depositado un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que dispuso la libertad de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
Ambos están imputados de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias tras el trágico desplome del techo de la discoteca Jet Set Club el pasado 8 de abril. Este incidente causó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos.
La instancia fue depositada por el fiscal Emmanuel Ramírez ante la secretaría del tribunal, en contra de la decisión de la jueza Fátima Veloz, quien había impuesto a los hermanos el pago de una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La instancia está firmada por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo.
El fiscal Ramírez explicó que el Ministerio Público no está de acuerdo con las medidas impuestas por la jueza Veloz, en el entendido de que no son proporcionales a los hechos imputados a los propietarios de la discoteca Jet Set y no cumplen con el fin de evitar la intimidación de testigos.
Sostuvo que en la instancia se solicita a la Corte de Apelación que se imponga prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, considerándolas las medidas de coerción más idóneas para los fines de la investigación.
Adujo que la solicitud de una medida menos gravosa para Maribel se debe a que ella tenía un control menos operativo que Antonio Espaillat, ya que este era el principal gerente de la entidad comercial y su responsabilidad era mayor que la de su hermana.
Próximos pasos y argumentos de la fiscalía
El fiscal Ramírez dijo esperar que ahora se fije la audiencia para el conocimiento del recurso de apelación, tanto del Ministerio Público como de los cientos de querellantes en este proceso.
Ahora, los recursos serán remitidos a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por Julio César Cano Alfau. Este, a su vez, mediante un sorteo aleatorio computarizado, asignará el caso a una de las tres salas penales para que conozca y decida sobre el pedido solicitado por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional.
Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, alega que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que los hechos han causado a la sociedad dominicana. Subraya el impacto significativo para las 236 personas que murieron, las más de 180 personas que resultaron heridas y los más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta.
Además, sostiene que, como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat, estos priorizaron su interés económico por encima de la seguridad de las personas que se encontraban y acudían regularmente a esa discoteca.
