
El Ministerio Público explicó que se ha solicitado el decomiso de ambos montos a favor del Estado dominicano, ya que este fue afectado por el entramado de corrupción administrativa que defraudó con más de RD$4,500 millones.
Los bienes incautados a los policías y militares vinculados al caso Coral, que están bajo la custodia de la Procuraduría General de la República, han generado por concepto de alquileres RD$31,294,100.00, y RD$55,288,231.83, en el caso de los proyectos agrícolas.