La zona abarca una quinta parte de los terrenos agrícolas
En la agricultura –como en toda actividad productiva– el acceso al financiamiento es determinante para garantizar la rentabilidad de los productores, un aspecto que se torna aún más vital para quienes viven en las provincias fronterizas, ya que albergan comunidades con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad que en otras zonas del país.
A pesar de esta realidad, los recursos que llegan hasta ahí son muy limitados: para el año 2024, el Banco Agrícola había prestado 1,868.1 millones de pesos a los productores. Aunque parezca un monto elevado a simple vista, esto es apenas el 6.8 % del total de créditos a nivel nacional para la agricultura.
De acuerdo al informe "Monitor de la Frontera", publicado recientemente por el Ministerio de Hacienda y Economía, a un agricultor que vive en la frontera le pueden prestar unos 19,579 pesos, pero para el resto de los agricultores del país, el promedio ronda los 23,563 pesos, un 17 % más.
Esta diferencia en el financiamiento podría estar vinculado "a una menor valorización del suelo, limitada infraestructura financiera o mayores percepciones de riesgo por parte de las instituciones de crédito", señala el análisis.
Más tierra, más dinero
Como la tierra agrícola se utiliza a menudo como garantía en caso de impago, el tamaño de los terrenos incide sobre el acceso al crédito.
Montecristi y Dajabón son dos de las provincias fronterizas con mayor extensión de terreno para las labores agrícolas, y estas absorbieron la mayor parte de los créditos otorgados el año pasado: Montecristi con 764.9 millones y Dajabón con 348.8 millones de pesos.
Otras comunidades más pequeñas, como Neiba (Bahoruco) y Comendador (Elías Piña) presentaron montos inferiores a los 240 millones de pesos.
La zona fronteriza apenas abarca una quinta parte de los terrenos agrícolas de todo el país, en las que apenas el 10.5 % del suelo está destinado ala agricultura.
El estudio subraya la necesidad de implementar estrategias que fomenten la inversión, aplicando criterios territoriales que faciliten el acceso equitativo de los productores al financiamiento.
