El éxito de los comercios de origen chino en República Dominicana se explica por factores conocidos: precios bajos, alta disponibilidad de productos y horarios extendidos. Pero detrás de esa accesibilidad existe un componente menos visible que preocupa a trabajadores, organizaciones laborales y sectores del comercio formal: las condiciones laborales dentro de estas tiendas.
En numerosos establecimientos se han identificado trabajadores dominicanos y extranjeros desempeñando funciones bajo esquemas laborales que no siempre se ajustan a la ley. Entre ellos destaca la presencia de personas haitianas en condición migratoria irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad y limita su capacidad para denunciar abusos o exigir derechos.
Una mano de obra difícil de fiscalizar
La fundadora del Barrio Chino de Santo Domingo, Rosa Ng, reconoce que la situación laboral requiere supervisión. “Siempre estoy haciendo un llamado a que cumplan con la ley”, afirma. Señala que algunos comercios enfrentan dificultades para encontrar trabajadores dominicanos dispuestos a realizar labores de carga o trabajo pesado, lo que explica la contratación de extranjeros.
Ng sostiene que, en los grandes negocios que ha revisado, los trabajadores haitianos están registrados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS). Sin embargo, reportes de organizaciones laborales indican que en muchos comercios más pequeños persiste la informalidad, la ausencia de registros y la rotación de empleados antes de cumplir los días requeridos para generar derechos.
Costos laborales que alteran la competencia
Para la abogada tributaria Pablita Cabrera, el tema laboral está directamente conectado con el impacto económico del sector. Explica que la combinación de mano de obra más vulnerable, menor estructura de costos y un modelo de importación concentrado crea una competencia difícil de enfrentar para los negocios dominicanos.
“Son ellos quienes están quebrando el comercio dominicano”, asegura, citando la caída de ventas y el cierre de establecimientos tradicionales.
La Federación Dominicana de Comerciantes reporta 187 negocios cerrados en dos años, así como reducciones de ventas de entre 50 % y 60 % en tiendas de muebles y electrodomésticos, y de 30 % a 35 % en ferreterías.
Construcciones rápidas y permisos cuestionados
Otro elemento señalado por las autoridades y medios es la rapidez con la que se levantan algunas plazas comerciales vinculadas a empresarios chinos. Se han documentado estructuras construidas en 90 días, en ocasiones sin permisos completos del Ministerio de Vivienda o de Planeamiento Urbano.
El MIVED ha ordenado clausuras por fallas estructurales o falta de permisos. Ng considera que algunas medidas han sido desproporcionadas y alega que sectores distintos al comercio chino han recibido un trato más flexible.
Migración, economía y regulación pendiente
El componente migratorio complejiza aún más la discusión. Cabrera advierte que la vulnerabilidad de ciertos trabajadores crea un terreno fértil para desigualdades laborales que terminan afectando al comercio formal. Otros sectores alertan que la falta de regulación consistente puede derivar en prácticas que distorsionen tanto el empleo como la competencia.
La discusión no se centra en nacionalidades, sino en acatar las reglas laborales y tributarias vigentes. En un mercado donde miles de empleados dependen de estos comercios, la ausencia de fiscalización efectiva puede tener efectos duraderos en la dinámica laboral y en la estructura del comercio local.
Un desafío para el Estado
El debate sobre los comercios chinos no gira únicamente en torno a precios o preferencias del consumidor. También involucra el rol del Estado para garantizar que las normas de trabajo, tributación y construcción se cumplan en todos los sectores por igual.
Mientras el público sigue comprando atraído por el ahorro, la pregunta central se desplaza hacia otro terreno: ¿puede la regulación dominicana proteger tanto la competencia leal como los derechos laborales en un modelo comercial que ya opera a escala nacional?
