El exlegislador de Azua, de 81 años, forma parte del grupo de acusados del caso Calamar
Un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) corroboró la licencia médica otorgada por un mes por el urólogo-oncólogo del exsenador de Azua, Rafael Calderón, quien forma parte del grupo de acusados que, según el Ministerio Público, estafaron al Estado en el caso denominado Operación Calamar.
"Ha sido corroborado su contenido con las informaciones suministradas por el médico legista designado por el tribunal", dijo la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
La pasada semana, la magistrada consideró como "mucho tiempo" los 30 días de licencia.
Según el abogado de Calderón, este permaneció varios días en cuidados intensivos tras haber adquirido una bacteria. Debido a la ausencia del imputado, no se desarrollaron audiencias la pasada semana.
Tampoco se han podido realizar vistas desde la última semana de noviembre y parte del mes de octubre, por condiciones de salud alegadas por otros encartados y sus abogados.
Rechaza separar su expediente
La jueza Ramírez rechazó también separar el expediente de Calderón, de 81 años de edad, del grupo que encabezan los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero.
Argumentó que el Ministerio Público ya presentó la imputación contra todo el grupo y que la defensa del exlegislador también presentó sus conclusiones, por lo que la "situación más favorable del imputado" es que su caso no sea desglosado, pese a su condición de salud.
La jueza ha manifestado reiteradamente que, debido a las licencias médicas depositadas por los acusados —muchos de ellos con edades superiores a los 70 y hasta los 80 años—, "escapa" a la facultad del tribunal acelerar el conocimiento del juicio preliminar.
Recesa audiencia para el 29
Ramírez recesó la audiencia para el lunes 29 de diciembre de este año, con el objetivo de "preservar el plazo de lo que es la mediación", aunque para esa fecha aún no habrá vencido la licencia médica de Calderón.
Los acusados
La acusación del caso, denominado Operación Calamar, la encabezan los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, así como el exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo, y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
El Ministerio Público acusa a los exfuncionarios de realizar pagos irregulares por propiedades declaradas de utilidad pública, recibir sobornos y cometer otros delitos, mientras que a los demás imputados se les atribuyen cargos de asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
