
Santo Domingo.– El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que los funcionarios públicos están llamados a adaptarse a la nueva Ley de Compras y Contrataciones, al considerar que esta normativa fortalece la transparencia, la rigurosidad y la correcta administración de los recursos del Estado.
Paliza sostuvo que la legislación, recientemente aprobada por el Congreso Nacional, actualiza un marco legal clave para uno de los sectores más sensibles del Gobierno, como lo son las compras y contrataciones públicas, a través de las cuales se ejecuta una parte significativa del gasto público.
“Cuando tenemos leyes más fuertes, que obligan a mayores niveles de publicidad y transparencia, lo correcto es celebrarlas y aplaudirlas. Ahora bien, eso implica que los funcionarios públicos tenemos que adaptarnos a una nueva realidad”, expresó el ministro.
El funcionario explicó que esta ley no solo impone mayores controles a la administración pública, sino que también exige cambios en la forma de operar tanto a los servidores del Estado como a los suplidores y empresas que ofrecen bienes y servicios al Gobierno.
En ese sentido, destacó que el objetivo principal de la nueva normativa es garantizar un uso más eficiente, ético y transparente de los recursos públicos, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a una mayor confianza ciudadana en los procesos gubernamentales.
Paliza reiteró que el Gobierno del presidente Luis Abinader respalda plenamente la implementación de la ley y promueve una cultura de cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones del Estado.
Las declaraciones del ministro Paliza van en consonancia con las expresiones del presidente Luis Abinader, quien afirmó que todas las instituciones del Estado dominicano deberán ajustarse de manera obligatoria al Reglamento de Aplicación e Implementación de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, durante el acto de firma del referido reglamento, el cual entró en vigencia ayer tras agotarse los 180 días de plazo luego de su promulgación, el pasado 28 de julio de 2025.
"Cada ministerio, cada dirección, cada órgano público deberá ajustar su gestión contractual a este nuevo marco normativo. Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, busca fortalecerla; no busca paralizar al Estado, busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable", expresó el mandatario.






