Su director reveló que también trabajan con 450 expropiaciones pagadas durante los últimos 30 años que permanecen bajo titularidad privada
La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) no pagará los 313.7 millones de pesos que ordenó el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a favor de propietarios de terrenos declarados área protegida para la creación del Monumento Natural Hoyo Claro, ubicado en La Altagracia, hasta investigar el origen de sus títulos.
Rafael Burgos, director de las fusionadas Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), aseguró que la institución investiga la forma en que varios grupos de personas obtuvieron documentos de propiedad para reclamar el pago de terrenos que posteriormente fueron convertidos en áreas protegidas.
También advirtió que el Estado no realizará ningún pago hasta que el proceso judicial haya agotado todas las instancias.
"Hay que pasar por un proceso de investigación para saber si esos terrenos fueron saneados debidamente, si fueron transferidos correctamente y si contaban con los títulos originales correspondientes… No obstante, aquí no se paga una sola sentencia que no haya adquirido la [autoridad] de la cosa juzgada hasta la última instancia", afirmó.
Burgos indicó que, si finalmente se ven obligados a pagar, recurrirán a la negociación, mecanismo con el que —según dijo— han logrado reducir montos importantes en otros casos.
"Cuando surgen esos conflictos, esperamos que la justicia emita su último veredicto y después tenemos que sentarnos a negociar… El Estado dominicano ha pagado muchas expropiaciones que se han resuelto en la mesa de negociaciones. Personas que pedían 800 millones y terminaron cobrando 400 millones. Ahora quien se beneficia de las expropiaciones es el Estado dominicano", remarcó.
Sin embargo, el caso del Monumento Natural Hoyo Claro, incluido en la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (núm. 202-04) del año 2004, fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y, en diciembre de 2025, por el Tribunal Constitucional (TC).
Ambas cortes rechazaron recursos del Ministerio de Medio Ambiente y confirmaron que el Estado debía transferir, a través de Bienes Nacionales, el valor actualizado de 1,045,622 metros cuadrados, equivalente a un total de 313,686,600 pesos.
Pagados y no transferidos
La posición de Burgos se debe a que su gestión encontró 450 decretos de expropiación pagados durante los últimos 30 años, pero sin que se realizara el traspaso formal de la propiedad a favor del Estado. Según afirmó, algunas personas han intentado cobrar nuevamente e incluso volver a vender esos terrenos.
"Todavía falta mucho, porque 450 decretos que encontramos aquí no se elaboraron, no se trabajaron y no se hicieron las transferencias correspondientes… Si eso no se hace, eso se queda en el limbo y favorece a la parte que ya fue pagada", puntualizó.
El funcionario explicó que el atraso solo se ha reducido en menos de un 25 %, debido a la complejidad de los procesos administrativos y legales.
El azúcar es oro
En el mercado actual, "el azúcar es oro", según expresó el director del CEA, quien aseguró que toda la producción de la zafra recién iniciada ya está en preventa en los mercados nacional e internacional.
El buen momento de la industria azucarera se ha visto favorecido por el levantamiento de la orden de retención (WRO) que impedía la importación de productos de Central Romana Corporation.
Burgos espera que el ingenio Porvenir, actualmente en proceso de recuperación operativa, produzca más de 15 mil toneladas de azúcar este año.
También contribuyen el aumento de la demanda en países como China e India, que no dan abasto para satisfacer su consumo local.
