
Santo Domingo. – El director general de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Santana Sánchez, reveló que cada persona privada de libertad le cuesta al Estado dominicano aproximadamente RD$1,400 diarios, lo que representa un gasto estimado de RD$35 millones al día y cerca de RD$12.7 mil millones al año.
El funcionario explicó que en el sistema penitenciario hay alrededor de 25,000 internos y que una gran parte corresponde a presos preventivos que aún no han recibido sentencia definitiva.
“Nos duele más si esos RD$1,400 diarios que tenemos que pagar por cada persona privada de libertad, lo estamos pagando por una mayoría que es inocente”, expresó Santana, al señalar que el Estado debe garantizar alimentación, alojamiento, seguridad, servicios básicos y atención integral a cada interno.
El también director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) consideró que, salvo excepciones, las personas que no han sido condenadas deberían enfrentar sus procesos judiciales en libertad, dentro de sus hogares y comunidades, a fin de evitar que la prisión preventiva se convierta en una condena anticipada.
Acuerdo para fortalecer la reinserción social
En el marco de las reformas al sistema penitenciario, Santana firmó un acuerdo de cooperación con la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (Codue), representada por su presidente, el pastor Feliciano Lacen Custodio.
El convenio, con una vigencia de tres años, busca impulsar iniciativas orientadas al desarrollo integral de las personas privadas de libertad, con énfasis en inclusión social, salud, prevención de la violencia y fortalecimiento de valores.
Entre las acciones contempladas figuran programas de formación académica, becas, capacitación técnica y profesional, talleres de habilidades blandas y proyectos de emprendimiento, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y facilitar la reinserción social de los internos tras cumplir sus condenas.
Asimismo, el acuerdo incluye campañas de salud física, mental y espiritual, prevención de adicciones y promoción de una cultura de paz dentro de los centros penitenciarios.
Santana subrayó que la transformación del sistema no solo implica mejorar la infraestructura y la seguridad, sino también garantizar oportunidades reales de rehabilitación. “El desarrollo del sistema penitenciario debe estar enfocado en la reinserción social y en la reducción de la reincidencia”, concluyó.






