Aseguran que durante ese estado de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles, incluidos cuatro niños, hasta agosto de ese año.
Un grupo de juristas internacionales presentó el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un prolongado régimen de excepción impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.
El informe, presentado en el 195to. período de sesiones de la CIDH en Guatemala, sostiene que existen bases razonables para creer que en el marco de ese régimen, vigente desde marzo del 2022, “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sexual y persecución”.
Aseguran que durante ese estado de excepción se han reportado 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes en cárceles, incluidos cuatro niños, hasta agosto de ese año.
Hay “responsabilidad internacional” no solo del Estado salvadoreño sino “de las personas físicas de manera individual, de acuerdo con los principios del derecho penal internacional”, asegura el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
The Associated Press consultó a la oficina de prensa de Casa Presidencial sobre el informe pero indicó que no había comentarios. Sin embargo, el gobierno salvadoreño ha negado antes las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, como torturas, capturas arbitrarias y decesos de detenidos bajo custodia estatal, en el marco de la emergencia para combatir a las pandillas.
El vicepresidente Felix Ulloa dijo recientemente que “es una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción, en tanto que el gobierno resalta lo que considera un descenso histórico en los números de homicidios en la nación centroamericana, considerada en otrora una de las más violentas del mundo.
De acuerdo con el informe el GIPES analizó actos que incluyen encarcelamiento, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación y violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos.
“Se documentó tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación”, señala el documento. Los actos fueron “generalizados” y “sistemáticos”, agrega.
También señaló que el gobierno se concentró en neutralizar a los actores del espacio cívico con campañas sistemáticas desde las más altas autoridades calificando a periodistas y organizaciones de derechos humanos como “enemigos del progreso del pueblo” o “traidores”.
“Se desplegaron herramientas de vigilancia física y digital y se criminalizó el escrutinio ciudadano”, agregan.
misión internacional
El grupo instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a “crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”.
También recomendó a las autoridades salvadoreñas establecer una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas, con apoyo internacional, a fin de atender la crisis carcelaria, poner fin al régimen de excepción y revertir las reformas penales que consideran violan el derecho internacional.
Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó a fines de marzo de ese año el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban a los que no pagaban, según las autoridades.
El estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.
Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado 91.300 acusados de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.
