El debate ha tomado fuerza tras los incidentes donde la salud mental de los imputados parece chocar frontalmente con la rigidez del artículo 64 del Código Penal que establece un marco jurídico definitivo para estos casos.
Los recientes y estremecedores casos de Jean Andrés Pumarol y la médico militar Ana Josefa García Cuello han reabierto una herida profunda en el sistema judicial dominicano: la gestión de la salud mental en el banquillo de los acusados.
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