El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional también rechazó levantar el impedimento de salida y la presentación periódica al abogado
Aunque la defensa de Ángel Lockward, quien está acusado de corrupción administrativa, solicitó cerrar su proceso penal por el vencimiento del plazo máximo de duración, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible la solicitud porque fue interpuesta fuera del momento procesal correspondiente.
El tribunal estableció que el pedido se presentó cuando la audiencia preliminar ya había avanzado hasta la fase de conclusiones, lo que impide introducir nuevos incidentes.
"Admitir esa solicitud en esa etapa constituiría una desnaturalización del procedimiento penal, ya que la normativa no permite reabrir el debate con nuevos planteamientos luego de agotadas las intervenciones de fondos", explicó el juzgado mediante nota de prensa.
El tribunal también rechazó el pedido de variación de medida de coerción, por lo que Ángel Lockward mantiene la prohibición de salida del país, así como la garantía económica y obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
Asimismo, declaró inadmisible otra solicitud relacionada con la liberación de fondos retenidos, al considerarla extemporánea y carente de pertinencia.
Argumentos de Lockward
La defensa del abogado señaló que desde 2022 han transcurrido más de cuatro años sin sentencia definitiva, ya que el expediente se mantiene en fase de instrucción.
En ese sentido, sostuvo que las dilaciones no son atribuibles al imputado, sino a la complejidad del caso, el número de querellantes y la actuación del Ministerio Público.
Las autoridades acusan a Lockward de participar en una presunta red de corrupción administrativa que defraudó al Estado por más de RD$19,000 millones, liderada por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Según el órgano persecutor, Lockward realizó pagos irregulares, efectuó cesiones de créditos ficticias y lavó activos a través de su firma de abogados.
Otros imputados en el caso son Princesa Alexandra García Medina, Rosa Airas Ruiz y su hijo Omar Manuel (Micky) Arias; Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro; y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar.
