
Santo Domingo.– Durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan cómo la negligencia en la instalación de equipos de aire acondicionado y las reparaciones improvisadas del techo contribuyeron a la tragedia que dejó 236 muertos.
Según la acusación, desde el año 2011 hasta 2025, imágenes satelitales muestran un aumento progresivo de cargas en el techo del local, incluyendo la instalación de múltiples aires acondicionados adquiridos por el acusado Antonio Espaillat López a la empresa Refriparte, a través de Difusora Hemisferio SRL, entidad de la que Espaillat era gerente.
La colocación de estos equipos fue coordinada por Manuel Jiménez Mateo, encargado de mantenimiento de Radiocadena Comercial RCC, sin que se realizara ninguna evaluación estructural para comprobar si el techo podía soportar el peso. Además, el mantenimiento de los aires acondicionados estuvo a cargo de personal no calificado, incluyendo a José Luis García y dos empleados de nacionalidad haitiana, conocidos como “Caballito” y “El Grande”.
El Ministerio Público detalló que durante 2024 comenzaron a presentarse filtraciones de agua y caídas de plafones del falso techo, reparadas de manera improvisada por el mismo equipo de empleados sin experiencia, utilizando cemento a baletas en lugar de soluciones técnicas profesionales. Estas fallas estructurales, sumadas a la sobrecarga del techo, se mantuvieron sin atención adecuada, a pesar de los reportes y la evidencia visible de irregularidades.
La acusación enfatiza que estas acciones reflejan una negligencia directa de Antonio y Maribel Espaillat, responsables de la administración del Jet Set Club, al no contratar personal calificado ni realizar inspecciones técnicas que garantizaran la seguridad de los asistentes. El Ministerio Público sostiene que estas omisiones fueron determinantes en el colapso que provocó cientos de muertes y numerosos heridos durante la fiesta del 8 de abril de 2025.
El tribunal continuará la audiencia preliminar los días 13 y 20 de abril, en la fase de “juicio de las pruebas”, donde se evaluará si existe mérito suficiente para llevar a juicio de fondo a los acusados.
Familiares de las víctimas y la sociedad dominicana mantienen la exigencia de justicia ante uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país.






