Destaca falta de planificación en las obras, desalojos y traslados sin documentos justificativos que le costaron miles de millones de pesos al Estado dominicano
También encontró obras que presentan pagos superiores al monto contratado
a Cámara de Cuentas publicó este jueves el informe sobre la auditoría a la construcción del Metro de Santo Domingo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) durante la gestión de Diandino Peña que abarcó el período comprendido entre el primero de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017.
La investigación realizada a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que se cometieron decenas de irregularidades: falta de planificación en la contratación y ejecución del puente ferroviario, falta de planificación en la contratación y ejecución del contrato de Dirección Técnica y Supervisión por la firma, inicio de los trabajos previos a la realización del proceso de compra sin contrato entre las partes (Atteco, por un monto de RD$365,800,000 y Pretedosa, por el monto de RD$ 235,558,541).
Además, reporta la existencia de adendas a contratos que sobrepasan el 25 % establecido por ley, por el monto de RD$227,180,252, incumplimiento en póliza de avance por el valor de RD$86,271,672, monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, por RD$108,410,318.
También obras que presentan pagos superiores al monto contratado, por el monto de RD$7,832,844. No inclusión del 1 % de Ley 6-86 en los presupuestos y cubicaciones de las obras, por el monto de RD$2,021,297 y RD$7,819,618, falta e inadecuada retención de la Ley 6-86, por el monto de RD$7,408,620, póliza de garantía de vicios ocultos por montos inferiores a lo establecido por ley, por la cantidad de RD$33,458,626 y falta de póliza de garantía de vicios ocultos, por el monto de RD$49,285,722.
También establece que se realizaron obras que presentan cantidades cubicadas superiores a las ejecutadas en campo, por el valor de RD$16,006,259, expedientes de contratos carentes de documentación soporte por monto de RD$14,638,152,328, procedimientos de contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatorias por el monto de RD$6,296,778,314, señala que sus garantías fueron presentadas fuera de plazo, por el monto de RD$380,069,575. Precisa también, pliego de procedimiento de selección incorrecto, por el monto de RD$43,169,848.
Da cuenta de la contratación de proveedor único que no cumple con las características de la excepción, por un monto de RD$23,116,184, suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios fuera de plazo, por montos contractual de RD$69,406,207.
Otros hallazgos en esta investigación son: Procesos ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados, por un monto de RD$5,022,079,047, adendas a contratos con montos que exceden el máximo permitido por ley por el monto de RD$156,354,437.
Conflicto de interés
Además, servicios brindados que generan conflicto de interés, empleado de la Opret intermediario de contratistas, servicios de notario, por RD$126,000 mensuales, adjudicación de contrato sin estar al día con sus obligaciones fiscales, por RD$20,571,882, empresas contratadas con firmas diferentes en documentaciones, por un monto contractual de RD$16,728,458, falta de autorización para la expropiación de terrero, ausencia de manuales, políticas y/o procedimientos para expropiaciones, inconsistencia en el pago por compensación, por el monto de RD$126,000.
Pagos a inquilinos
Otras irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas fueron los pagos a inquilinos que presentaron las siguientes condiciones:
- Desalojos y traslados sin documentos justificativos, por el valor de RD$27,551,733.
Contratos sin firma, por un monto de RD$470,000. - Cheques nulos registrado como vigentes, por el monto de RD$70,000.
- Emisión de cheque a nombre de funcionario de la entidad, por el valor de RD$206,500.
- Pagos a inquilinos en una misma vivienda, por el monto de RD$780,000, pagos de expropiaciones que superan los montos de la evaluación, por valor de RD$606,330,944.
- Inconsistencia en el valor del terreno por metro cuadrado en las mismas áreas territorial, por el valor de RD$42,425,000.
- Avance contractual con balance pendiente de amortizar de años anteriores, por RD$69,505,726.
- Discrepancia de las cuentas por cobrar entre la balanza de comprobación versus reporte de la Dirección Técnica de la Opret por el monto de RD$27,273,121.
- Entradas de almacén de facturas provenientes de años anteriores, por el monto de RD$33,923,728.
Refiere también la inexistencia de reglamentación interna para el manejo de las cuentas por pagar a contratistas, confirmaciones de saldos no remitidas a contratistas de obras, adendas no registradas en el estado de cuenta de detalle por contratista, por el monto de RD$20,886,998.
Además, diferencia entre las confirmaciones de los saldos de las cuentas por pagar a contratista versus los registros contables, por RD$726,169,225, retenciones realizadas y no pagadas por el monto de RD$256,442,861 y expedientes de cuentas por pagar con soportes incompletos, por el valor de RD$752,141,005.
Antecedentes
Desde el 2021 se conoció públicamente que Diandino Peña era interrogado en relación a una investigación especial sobre su gestión en el Metro de Santo Domingo.
En 2012 varios dirigentes que formaban parte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el director de la Opret cometió presuntos actos de corrupción contra el Estado por un monto de RD$4,832 millones.
En ese entonces, la denuncia hecha por Emmanuel Esquea Guerrero, José Rafael Abinader, Milagros Ortoz Bosch, Salím Ibarra, Janet Camilo, Neney Cabrera y Osiris de León, señala una supuesta sobrevaluación en la compra de los vagones de las líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo.
Según la denuncia, el Estado dominicano contrató a la empresa Alstom Transport S.A. la compra de 57 vagones de la Línea 1 del Metro por valor de US$2.1 millones cada uno. Para la misma fecha el Metro de Shanghái adquirió los mismos vagones a razón de US$1.1 millones. Alegaban que el Estado dominicano pagó un sobreprecio de US1.22 millones en cada vagón.
Peña fue vinculado con otros actos de presunta corrupción denunciados a través de reportajes y entrevistas realizadas por la destacada periodista Alicia Ortega.
