Tras considerar imprescindible unificar esfuerzos para abordar de forma urgente y prioritaria la sobrepoblación carcelaria, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, favorece la creación de un Ministerio de Justicia que asuma el control de la gestión del sistema penitenciario, así como la fiscalización de la provisión de los servicios forenses, entre otras tareas que trascienden el rol del Ministerio Público.
Desde su óptica, la creación de este órgano no amerita una reforma constitucional, ya que los asuntos que propone traspasarle son de libre configuración legislativa, es decir, no han sido retenidos en la Constitución como competencias propias del Ministerio Público.
En su discurso de rendición de cuentas, Germán Brito dijo que la Procuraduría General de la República atraviesa por cambios sustanciales que van desde una autonomía reforzada hasta una persecución penal más estratégica frente a los grandes crímenes y delitos que afectan a la sociedad.
“Una meta importante de nuestro ha sido impulsar una gestión operativa que fortalezca la investigación y la persecución penal, con el respeto debido a los derechos de los imputados y, al mismo tiempo, que garantice el acceso a la justicia, la atención a las víctimas y el ofrecimiento de cada servicio por el que respondemos a la ciudadanía. Todo esto en el contexto de un ejercicio institucional autónomo e independiente, como mandan la Constitución y la Ley Orgánica que nos rige”, precisó.
Muestras
Como muestra de la eficiente labor, dijo que el año pasado obtuvieron 7,286 autos de apertura a juicio y 4,458 condenas.
“Aparte de los grandes casos de criminalidad organizada que han ocupado la atención de la sociedad, el Ministerio Público procesa cada año miles de casos ordinarios que aunque no siempre adquieren notoriedad pública, afectan grandemente la convivencia colectiva”, agregó.
Dijo que pese a los avances en materia de fortalecimiento institucional, sin embargo, constituye una inconsistencia lógica y formal que la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, como máximo representante del Ministerio Público, carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo por un plazo determinado, contrario a lo que sucede en otros órganos constitucionales como el Banco Central, la Cámara de Cuentas o el Defensor del Pueblo.
Considera que la permanencia en la dirección de una institución tan delicada no debería depender de la voluntad de quien le nombra y puede removerle a discreción, sino que es necesario institucionalizarlo.
“Al margen de si se realiza o no una reforma constitucional, mientras estemos al frente del Ministerio Público, continuaremos impulsando su transformación, comprometidos a cumplir con las normativas que aseguren la transparencia, planificación y coordinación institucional”, precisó.
De acuerdo a lo expresado, la presente gestión ha asumido el compromiso de transferir a favor del Estado dominicano los bienes decomisados y en ese sentido cuentan con un total de 180 expedientes de inmuebles decomisados, de los cuales 20 títulos están registrados a nombre del Estado; 122 en proceso de completar documentación y 38 en proceso de rectificación para transferir.
