El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó el jueves dos propuestas para reorganizar la división política y reducir la cantidad de alcaldías en el país de 262 a 44, así como recortar de 84 a 60 el número de curules en el Congreso unicameral.
“Los municipios se convertirán en distritos, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, solo tendremos 44 alcaldes con sus respectivos consejos municipales” dijo el mandatario en su discurso a la nación por su cuarto año de mandato.
“¿Cómo es posible que en un territorio de 21.000 kilómetros cuadrados tengamos 262 municipios?”, manifestó el mandatario.
Bukele señaló que la medida reducirá la carga tributaria y anunció que las tazas municipales permanecerán sin cambios. Afirmó además que, con el cambio, no desaparecerían las identidades de los municipios, los cuales se convertirían a distritos.
“No estamos proponiendo tampoco el despido de los empleados municipales, los que se van son los puestos de confianza. El nombre de los municipios no cambiará, continuarán siendo distritos y podrán seguir celebrando sus fiestas y tradiciones”, aclaró.
Las críticas contra la iniciativa no tardaron en llegar de parte de legisladores que calificaron la propuesta como una artimaña electoral.
“El mandatario cambia la distribución política del país con fines electorales. Ahora adquiere total sentido la derogación del candado electoral, que impedía hacer cambios en esta materia a menos de un año de los comicios de 2024”, señaló vía Twitter el grupo parlamentario de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Bukele también presentó una propuesta para reducir de 84 a 60 el número de diputados en el Congreso, “como era antes de la farsa llamada Acuerdos de Paz”, en 1992, indicó.
“Ahora venimos a corregir esa plana. Ambas propuestas, y espero que así sea, deberían de estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones de 2024”, dijo el mandatario ante la ovación de sus simpatizantes, quienes coreaban “reelección, reelección, reelección”.
ALFREDO CRISTIANI
Bukele anunció en septiembre pasado que se inscribirá para participar en las próximas elecciones presidenciales de febrero de 2024, fecha en que también se elegirá a los diputados del Congreso. Bukele también ratificó su “declaración de guerra” contra la corrupción y como primera medida confirmó que la Fiscalía allanó todas las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, quien gobernó el país de 1989 a 1994.
En marzo de 2022, un juzgado de San Salvador giró una orden de captura y detención provisional contra Cristiani por el delito de “comisión por omisión” en el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, el cual fue perpetrado por una unidad élite del ejército el 16 de noviembre de 1989 en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Cuando se conoció la resolución del juez, su hija Claudia publicó algunas fotografías donde aparece su papá y dijo entonces que estaba en “la cuna del abuelo”, es decir Italia, aunque no está claro si se encuentra ahí.
La acusación contra Cristiani y otras 12 personas se produjo luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó en enero de 2022 una resolución de la Sala de lo Penal, la cual ordenaba cerrar el proceso judicial bajo el argumento de que el caso había prescrito.
La Fiscalía argumenta que, en su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas y según la cadena de mando militar, Cristiani tenía la capacidad de tomar la última decisión en cuanto a la ejecución de la operación militar que resultó en la muerte de los sacerdotes.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que con el apoyo de la Policía Nacional Civil, grupos de fiscales se desplazaron por diferentes lugares del país para iniciar el proceso de extinción de dominio de 156 propiedades del exmandatario señalado de enriquecerse a través de las arcas del Estado.
Detalló a los periodistas que estaban interviniendo 143 inmuebles de la sociedad Cristiani Burkard, siete inmuebles de la Droguería Santa Lucía, seis inmuebles de la Sociedad Montebro, 15 cuentas bancarias y 42 vehículos.
Delgado aseguró que Cristiani “se enriqueció del dinero público” y explicó que él había reactivado una investigación que había sido abandonada y archivada por los anteriores fiscales generales.
“Estamos interviniendo las propiedades, pero me voy a asegurar que las investigaciones de naturaleza penal continúan. Vamos a perseguir aquellas instituciones financieras que le liberaron fondos a Alfredo Cristiani recientemente”, advirtió.
DESDE LA ONU
En tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió ayer viernes que se levante el estado de excepción en El Salvador y expresó su preocupación por la reiterada prórroga de una medida que "elimina el derecho a un juicio justo".
"Reconocemos el complejo reto al que se enfrenta El Salvador para hacer frente a la delincuencia", declaró Marta Hurtado, portavoz del organismo internacional, en una rueda de prensa en Ginebra, sede del organismo.
"Sin embargo, debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta", añadió.
El Salvador proclamó el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 asesinatos en pocos días. Desde entonces, al menos 68.000 presuntos pandilleros han sido detenidos sin un mandato de arresto, según la ONU.
La cruzada contra las pandillas, que controlaban el 80% del territorio según el gobierno, cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, resaltan las encuestas.
Pero tanto organizaciones de derechos humanos como la Iglesia Católica han criticado los métodos usados por el presidente centroamericano, Nayib Bukele.
La Oficina del Alto Comisionado denunció que entre los detenidos hay al menos 1,600 menores y citó el informe de una oenegé que apunta a que al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde la implementación del estado de excepción.
"Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido", exhortó la portavoz.
