A las 10:00 de la mañana de hoy está previsto que la jueza Yanibet Rivas inicie la lectura de la sentencia en la que dirá si procede enviar o no a juicio al exjefe de seguridad del presidente Danilo Medina Sánchez y a los otros imputados en el caso denominado Coral.
Rivas, jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, establecerá si la acusación presentada por la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción (Pepca) cumplió con el debido proceso y si existe posibilidad de condena en un juicio a el mayor general Adán Cáceres Silvestre y las demás personas físicas y jurídicas acusadas de corrupción, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, entre otras ilícitos penales.
Además de Cáceres Silvestre, quien era director del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el expediente figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados el general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En este proceso donde se presentaron cargos contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, también figuran Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
De acuerdo al Ministerio Público, ese entramado de corrupción operó en el Cusep, Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El Ministerio Público ha ocupado bienes muebles e inmuebles por más de 2,000 millones de pesos.
Querellantes y testigo estrella
La jueza, también deberá referirse respecto a las querellas presentadas por el Estado dominicano a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) y la Fundación Alfredo Nobel.
En la audiencia ante la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el Estado solicitó una indemnización de 20,974 millones de pesos por daños y perjuicios presuntamente ocasionados por el supuesto entramado.
También pide que la confiscación de los bienes de los imputados y el levantamiento del velo corporativo de las empresas imputadas.
El mayor general del Ejército, Raul Girón, es el testigo estrella de la Pepca que no solo ha aportado su testimonio, en la medida de coerción y en una declaración final en la etapa preliminar, también ha aportado pruebas documentales y audiovisuales que sustentan lo que plantea respecto al modo en que operaba la supuesta estructura criminal.
Acusó al general Julio de los Santos Viola y al coronel Núñez de Aza de vender rangos y especialismos, así como de compras de celulares en Estados Unidos que fueron asumidos por el Estado a costos millonarios.
Girón accedía a teléfonos de sus superiores
Girón explicó que cada año cuando llegaba con los teléfonos, Núñez de Aza lo apartaba en una oficina donde le daba la contraseña para desbloquear el teléfono viejo de Cáceres, con la cual tenía acceso a la nube que almacena todos los datos del dispositivo.
Entre los otros hechos que mencionó figuran el abultamiento de la nómina, las operaciones para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, así como erogaciones de cientos de miles de pesos desde el Cusep a la pastora, disfrazados de supuestas contribuciones por cultos religiosos, entre otras maniobras.
