La Procuraduría General de la República (PGR) distribuyó ayer más de RD$391 millones de pesos, a distintas instituciones gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONG) que luchan contra las drogas.
Los recursos corresponden a decomisos mediante sentencias definitivas e irrevocables en casos de narcotráfico y lavado de activos en diferentes jurisdicciones del país.
Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, dijo que los fondos corresponden a decomisos definitivos como consecuencia de la ejecución de diversas sentencias penales que ya han adquirido el carácter de lo irrevocablemente juzgado y que ascienden a la suma de RD$391,156,067.85, en aplicación del artículo 33, aún vigente, de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
“Con los fondos a distribuir en el día de hoy tenemos el compromiso de hacer un uso transparente, eficiente y responsable de ellos, destinándolos al uso que la ley señala en beneficio de la ciudadanía y, sobre todo, de aquellos que se ven afectados directamente por las consecuencias de los crímenes que los originan, especialmente, el narcotráfico”, manifestó.
Germán Brito adelantó que en lo adelante darán inicio al proceso de la venta de más de 90 inmuebles decomisados.
A través de un comunicado se informó que en total se distribuyeron RD$391,156,067, de los cuales, como establece la ley, fue entregado un 25% al Ministerio Público, al Consejo Nacional de Drogas (CND) y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Cada entidad recibió RD$97,789,016.
El 15%, equivalente a RD$58,673,410, fue entregado a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONGs) y un diez por ciento (10%) a la Policía Nacional, que representa la suma de RD$ de RD$39,115,606.78. l
Hace un llamado sobre la ley de bienes incautados
Germán dijo que destacó labor de seguimiento de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados ante las instancias judiciales correspondientes, con el apoyo de las fiscalías, con el propósito de concluir los procesos judiciales que ordenan los decomisos.
“Quiero aprovechar la ocasión para reiterar el llamado para que el proceso de cambio legislativo que se pretende realizar, referente a los bienes incautados y decomisados, se lleve a cabo dentro de las previsiones constitucionales vigentes y al proceso penal que rige nuestro país”.
