El incidente que ocurrió ayer en el Canódromo, donde resultaron agredidos el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, su secretario general y miembros de la prensa, ha causado revuelo en la sociedad dominicana.
Indignación es el mayor denominador común de los ciudadanos que a través de las redes sociales, principalmente Twitter, han expresado que “este proceder es inaceptable” por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
El equipo de la Defensoría del Pueblo y de los medios de comunicación Listín Diario y CDN, canal 37, fueron recibidos con violencia por parte de la directora y oficiales del Centro de Retención Vehicular El Coco (Canódromo), cuando se disponían a realizar una inspección al departamento por la excesiva cantidad de vehículos “chatarras”.
Suspenden a la coronela
Tras este hecho, el director de la Digesett, Ramón Guzmán Peralta, dispuso la suspensión inmediata y la realización de una investigación interna sobre el accionar de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, comandante del Canódromo.
En su lugar, la institución designó de manera interina al teniente coronel Hipólito Antonio Rijo Santana.
Digesett dice no se comunicó visita
Antes de la suspensión de la coronela, en un comunicado de prensa la Digesett expresó que el lamentable escenario que se presentó en el Canódromo se debió a que no hubo ningún tipo de notificación previa para la entrada de la comisión.
Del mismo modo, la institución manifestó su respeto a la libertad de prensa y a los reporteros de distintos medios, ya que estos son un garante de la transparencia en que los servidores públicos deben ejercer su función.
Enfatizó que investigará el desagradable incidente y afirma que no tiene nada que esconder en éste ni en ninguno de los centros de retenciones en todo el país, mucho menos al Defensor del Pueblo.
Pablo Ulloa se querella
La suspensión de la encargada del Canódromo y la autorización de la investigación del incidente no impidieron que el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se presentara la tarde de ayer a la Procuraduría General de la República, para presentar una denuncia en contra de los miembros de la Digesett, que lo agredieron.
Ulloa aclaró que él y su equipo se presentaron al Canódromo cumpliendo con el debido proceso, que implica andar identificados. “Realmente es una vergüenza ver como una autoridad se desproporciona frente al ciudadano, si eso es un órgano constitucional y una ley que confiere la atribución de inspección a este órgano defensor del pueblo qué será a ciudadano dominicano normal y corriente”, cuestionó a su llegada a la PGR.
¿Defensor debe notificar visitas?
El Defensor del Pueblo es una entidad pública autónoma de rango constitucional, creada mediante la Ley No. 19-01 que crea el Defensor del Pueblo. Según esta, no está sujeto a notificar sus visitas a oficinas públicas.
El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la Ley.
De acuerdo al artículo 3 de dicha ley el órgano puede “inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita”.
Ciudadanos y entidades reaccionan en las redes
Distintas personalidades de diversos ámbitos de la sociedad dominicana, así como organizaciones políticas y civiles han expresado su indignación por el incidente violento en el que estuvieron involucrados equipos de la Defensoría del Pueblo y de prensa.
“Lo de hoy con el @DefensorRD evidencia nuestras carencias, nos falta mucho aún. Deplorable @Digesett”, escribió la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, en su cuenta de twitter.
El abogado Félix Portes utilizó la misma red social para expresar que los agentes “deben ser sometidos y destituidos ya que desconocen el derecho a integridad física, figura y facultades del @DefensorRD”.
En tanto, el Partido Fuerza del Pueblo colgó un tuit, manifestando que este hecho “es una agresión directa a la Constitución Dominicana, más aún cuando esto implica impedir la libertad de prensa”.
De igual modo, la presidenta de la Asociación de Fotoperiodistas de República Dominicana (AFPRD) Iris Lizardo, repudió de forma enérgica el acto de agresión, violación de derechos y abuso de poder contra el equipos de prensas del periódico Listín Diario y CDN, canal 37.
