Participación Ciudadana envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en la que manifiesta “profunda preocupación por el destino de los expedientes de corrupción que actualmente cursan en diferentes tribunales.”
“Los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos que lo ordinario. No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el poder judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana”.
La organización cívica entiende que que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables.
A su juicio, de esta manera se estaría terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes.
