Otras tres deben pagar garantía económica por distintos montos
La jueza Iris Borgen Santana, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis personas por tráfico internacional de armas de fuego.
El tribunal también declaró el caso complejo y dispuso el pago de garantía económica contra otros tres implicados en el caso.
Los imputados enviados a la cárcel son Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, Sixto Rosario, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vázquez Peralta y Valentín de Jesús Caraballo Guzmán.
Marcos Diplán Diplán y Jayro Diplán Guzmán deben pagar una garantía de RD$70 mil.
Mientras que la sala impuso a Rosalba María Estrella una garantía económica de RD$700 mil y la colocación de grilletes.
En el operativo donde las autoridades apresaron al grupo e incautaron el armamento falleció un agricultor, durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional que realizaban la intervención.
Según la acusación, los imputados comercializaban ilegalmente armas de fuego de alto calibre y automáticas, luego de adquirirlas en Estados Unidos e introducirlas al país de contrabando, a través de las compañías de envío o Shipping.
La fiscalía de Santiago presenta contra los procesados en el caso cargos provisionales por violación al artículo 68 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en la categoría de traficantes y por lavado de activos.
En la intervención se incautaron 18 pistolas automáticas y de alta potencia, en su gran mayoría tipo Glock 9 milímetros; tres revólveres y dos escopetas; así como alrededor de $700,000.00 en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Además, se incautaron varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.
La permanente vigilancia electrónica a estos criminales permitió identificar a los miembros de sus familias pertenecientes a la red y las viviendas utilizadas para almacenar las armas.
En los allanamientos participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI) y otras fuerzas especiales como equipo SWAT de la Policía Nacional, y la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
