El exfuncionario busca que se le otorgue libertad condicional hasta concluir el proceso judicial que se le sigue por la acusación de corrupción
El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, revisará hoy miércoles el arresto domiciliario que cumple el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien busca que se le otorgue la libertad condicional y sin uso de grillete electrónico, el cual debe llevar en un tobillo desde enero de este año.
La revisión estaba pauta para la semana pasada, pero fue prorrogada porque la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó "documentos" que debían revisar su defensa antes de la audiencia.
El lunes de esta semana, el Departamento de Estado de Estados unidos sancionó al exfuncionario, cancelándole el permiso para ingresar a los Estados Unidos y lo señaló públicamente de actos de corrupción.
En su página web, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala a Rodríguez por "su participación en corrupción significativa al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura financiados por el Estado (dominicano) e instituciones gubernamentales".
Ayer martes, Rodríguez atribuyó la sanción, que es extensiva a su esposa María Isabel Pérez Sallent y sus dos hijos menores, a que el Departamento de Estado estadounidense tomó su decisión "basado en lo que la Procuraduría le suministró".
Dijo que una vez las autoridades de esa nación "reciban la otra cara de la moneda seguramente cambian de parecer".
Agregó que el ingreso a Estados Unidos "es un derecho, un privilegio que Estados Unidos da libremente dentro de su soberanía".
Asimismo, afirmó que está acostumbrado a la persecución en su contra, pero no contra su familia.
"Estoy bastante acostumbrado al pleito y a la persecución contra mí, pero no así contra mi familia y mis dos hijos", indicó el exfuncionario, previo a su ingreso a la audiencia del caso Medusa, la cual encabeza como acusado y en la que el Ministero Público (MP) acusa a otras 60 personas físicas y jurídicas por presunta asociación de malhechores, sobornos y lavado de activos con el fin de sustraer los recursos de los contribuyentes.
El exprocurador está en prisión domiciliaria luego de pasar 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, tiempo máximo en prisión preventiva en una cárcel que contempla la ley para los acusados en casos complejos, como fue declarado el proceso en su contra.
