Para los primeros cinco meses del año se vaticina poca productividad en el Congreso por ser un año electoral
El Congreso Nacional lleva un tímido resultado en esta segunda legislatura ordinaria que concluye el próximo 12 de enero, debido a que es un año electoral y los senadores y diputados han estado inmersos en el proselitismo político.
Se agrega a esto que diciembre es un mes cargado de agendas festivas y en el que los congresistas se desplazan a sus respectivas localidades para celebrar la Navidad.
Es por ello que más de 20 proyectos legislativos que son demandados por la población y considerados prioritarios verán pasar este 2023 sin ser convertidos en ley, por lo que se quedarían para el 2024, en especial a partir del 27 de febrero, que es cuando comienza el siguiente periodo de 150 días de trabajo legislativo (primera legislatura ordinaria).
Sin embargo, para ese tiempo también se vaticina poca productividad, por ser un año electoral, cuando habrá comicios en febrero y mayo.
Ante esto, el órgano bicameral tiene el reto de evacuar algunas de esas piezas, porque de lo contrario quedarían pendientes para el nuevo cuatrienio, que sería a partir del 16 de agosto, cuando habría nuevas caras en el Congreso.
Entre las iniciativas de ley a quedarse para la próxima legislatura se destaca la reforma del Código Penal. Un proyecto de ley que lleva más 20 años debatiéndose en las cámaras parlamentarias, pero que no es aprobado por falta de voluntad política.
Las tres causales que permitirían el aborto y la no discriminación por orientación sexual han sido el talón de Aquiles para que haya un consenso partidario que permita la sanción de esa iniciativa.
Aunque se decidió que las causales se traten en una ley especial, para no detener la aprobación del proyecto de ley, el tema de la no discriminación por orientación sexual no ha tenido consenso.
Se recuerda que el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja, Alexis Jiménez, cree que el nuevo Código Penal no será ley antes del 16 de agosto del 2024 sino después de las elecciones.
Además del Código Penal, se quedará para el próximo año el proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social (Ley 87-01). Para esos fines fue creada una comisión bicameral, la cual sometió un informe, que generó controversia en distintos sectores.
En ese sentido, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que “apagar” las críticas, al explicar que el documento depositado no es un proyecto de ley en sí “sino un estudio de reforma”. Y ahí quedó el tema.
Ley de aguas, hidrocarburos, contrataciones, alquileres y más
Se suma a este listado el proyecto que busca crear la ley de aguas, el cual tiene más de 25 años a la espera de un consenso entre los senadores y diputados.
En este cuatrienio fueron sometidas cuatro iniciativas que buscan suplir al país de ese vacío legal: el proyecto de ley de aguas de la República Dominicana y el de agua potable y saneamiento, introducidos por el diputado reformista Máximo Castro Silverio y por los senadores Eduardo Estrella (DxC-Santiago) y Valentín Medrano (PLD-Independencia).
Se recuerda que el Gobierno trabaja un anteproyecto de ley de agua para someterlo al Congreso Nacional, y que sus últimas modificaciones fueron hechas a principio de octubre de este año. El texto sería entregado a los titulares de los ministerios de Economía y Medio Ambiente, respectivamente, a mediados de ese mes, para que decidieran el curso de la pieza. El pliego de ley aún no ha sido sometido al órgano parlamentario.
Los funcionarios Pável Isa Contreras y Miguel Ceara Hatton recibirían el borrador legislativo y podrían, si así lo consideran, entregarlo al Poder Ejecutivo, que lo introduciría en una de las dos cámaras congresuales. No obstante, han pasado dos meses y el proyecto de ley no ha sido sometido.
Otra legislación esperada por los dominicanos y que deberá ser reintroducida para el 2024, es el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana; una promesa del Gobierno para regular la metodología de precios, eficiencia de los costos, herramientas para la mitigación de las alzas en los precios internacionales, fiscalización y el monitoreo administrativo. El pliego de ley perimió el pasado año, y fue reintroducido en febrero de este, sin lograr avance.
Asimismo, quedará para el 2024 el proyecto de ley de función pública, uno sometido por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el 29 de noviembre del 2022 y otro reintroducido por el diputado Jesús Ogando, a principios de este 2023.
La misma “ruta” lleva el proyecto de ley del Código Civil de la República Dominicana, sometido por el diputado expeledeísta Víctor Suárez.
Del mismo modo, el proyecto de ley general de contrataciones públicas, sometido en la Cámara Alta por la senadora Faride Raful (PRM- Distrito Nacional), está pendiente de ser aprobado por el Pleno para de ahí pasar a la Cámara Baja. A pesar de que se rindió un informe favorable, la legislación no ha tenido progreso. Se quedará para el próximo año.
De igual manera, el proyecto de ley orgánica de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio (ley complementaria de la reforma constitucional del 2010), se quedará también.
Algo similar acontece con el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, propuesto por Alfredo Pacheco, el cual fue reintroducido el 21 de agosto de este y comenzó su trámite el 30 de ese mismo mes. La pieza había sido aprobada en primera lectura en mayo de este año, pero perimió.
A propósito de la explosión en San Cristóbal el pasado 14 de agosto, que terminó con la vida de 34 personas y decenas de heridos, el Congreso Nacional conformó una comisión bicameral para estudiar el proyecto que crea la Dirección General del Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana.
La comisión convocó a vistas públicas para conocer la opinión y las sugerencias de los diversos sectores, con el fin de lograr un consenso sobre la pieza legislativa.
A pesar de las reuniones sostenidas por los comisionados, el proyecto de ley es otro que se quedará para el año 2024, debido a que aún no hay un informe favorable del texto.
Se espera sean conocidas durante el próximo año
Otras de las legislaciones que quedarán para él año 2024 es el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional el 12 de diciembre de 2022, y retirado el 13 de febrero de 2023. El presidente Luis Abinader ordenó retirar la pieza tras el escándalo que provocó. Ese 12 de febrero, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que el proyecto sería reintroducido en un plazo “no mayor a los 45 días”. No obstante, va cerca de un año y el Ejecutivo aún no ha reintroducido la legislación. Por otra parte, tendrá que esperar para el próximo año el pliego legislativo que reformaría la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, ante el cual el mandatario Luis Abinader emitió el Decreto número 333-22, del 23 de junio de 2022, que crea e integra una comisión consultiva con carácter honorífico que tendría a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de la referida ley. La comisión consultiva fue integrada por un equipo plural de juristas y comunicadores. Lo último que se supo al respecto, es que hay un borrador listo, el cual sería entregado al presidente de la República. A fecha de hoy, el documento de ley no ha sido sometido al Congreso Nacional ni ha dicho cuándo..
Reforma de la Ley 33-18 y otras seguirán en la mira
Además de los pliegos legislativos mencionados, quedarán pendientes para el próximo año la reforma de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; de calidad educativa, reforma fiscal, cambio climático, migración, salud, seguridad ciudadana y el que crea el sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. De igual forma, el proyecto de ley sobre indulto (ley complementaria de la Constitución de 2010); el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el cual ha sido reintrocucido en varias ocasiones, al perimir; y el proyecto de ley que dispone la supresión del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
