El presidente Luis Abinader valoró ayer martes el empoderamiento ciudadano y los aportes al país que realizan los ambientalistas, al encabezar en el Palacio Nacional la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.
Al pronunciar unas breves palabras, el mandatario sostuvo que esta firma se lleva a cabo con el objetivo común de resguardar las áreas protegidas, precisó un comunicado de Presidencia.
"Esto es lo mejor para todas las instituciones públicas, que haya siempre una observación entre el sector público y los sectores sociales. Eso siempre es importante, esa auditoría social a la gestión de gobierno nosotros la queremos", dijo el presidente Abinader, al ponderar el acuerdo que busca optimizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y las políticas ambientales vigentes en el país.
Precisó que este Gobierno con la ayuda de esta coalición tendrá una gestión más eficiente.
"En este acuerdo, no estaremos de acuerdo en todo, porque habrá momentos en que estaremos en desacuerdo, pero lo importante es ponernos de acuerdo para proteger y guardar nuestros recursos naturales a nuestros hijos, nietas y nietos, porque si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico", expuso el gobernante.
El ministro Ceara Hatton indicó que con este acuerdo se implantará una agenda común para la defensa de las áreas protegidas.
Agregó se trabajará en la articulación de una agenda común con temas que procuran mejorar el sistema nacional de áreas protegidas y las políticas ambientales.
Manifestó que el acuerdo incluye la creación del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, con carácter independiente, multisectorial y colegiado, para servir como veedor y de consulta al MMARN en aspectos vinculados a la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales de República Dominicana, con énfasis en las áreas protegidas y conservación de la biodiversidad.
La comunidad académica y ambiental se compromete a la recopilación, análisis y difusión de información objetiva y basada en ciencia, con el fin de aportar datos sobre el estado de las áreas protegidas, el medio ambiente, las políticas de conservación y su impacto en la biodiversidad y los ecosistemas.
Otras responsabilidades del observatorio serán elaborar planes de acción mediante procesos participativos, plurales y con representatividad del Gobierno y las organizaciones firmantes.
Asimismo, recopilar, investigar y analizar datos sobre el estado del medio ambiente, las áreas protegidas, la biodiversidad, sus amenazas, manejo y las políticas relacionadas. Este cuerpo de conocimiento servirá para asesorar a las autoridades y gestores, así como para ser recopilado y difundido, mediante informes periódicos y extraordinarios a requerimiento.
También, desarrollará programas de sensibilización y educación ambiental, con énfasis en las áreas protegidas, dirigidos a la sociedad en general y a las comunidades locales; y colaborará con otras instituciones, iniciativas y observatorios nacionales e internacionales para compartir información y mejores prácticas.
El observatorio tendrá la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el cumplimiento del marco legal ambiental y de administración pública relacionado a los planes, proyectos y programas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las políticas ambientales.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, mientras que por la Coalición firmaron Eleuterio Martínez, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana; Yolanda León, de Grupo Jaragua, y Editrudis Beltrán Crisóstomo, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), representando a la Comisión Ambiental de esa academia.
También, por Nelson Bautista, de la Fundación Acción Verde; Eduardo José Rafael Rodríguez Santana, de la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci); Andrés Ferrer Benzo, de la Fundación Moscoso Puello; Esteban Polanco, de la Federación de Campesinos Hacia el Progreso; Nelson Manuel Pimentel Reyes, del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma); Ariel Contreras, de CÚA Conservation Agency y Dayana Caso, de Guakia Ambiente.
Como testigos firmaron el acuerdo Rosa Margarita Bonetti de Santana, de la Fundación Propagás; Melba Segura, de la Fundación Sur Futuro, e Inmaculada Adames Pichardo, del Plan Sierra.
