Fueron convertidos en ley y pasan ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Incluye US$100 millones para Supérate
En la recta final de la segunda legislatura ordinaria del periodo 2023-2024, el Senado de la República dio luz verde ayer miércoles a la emisión y colocación de bonos de deuda pública por 344,980, 212, 118.00 pesos, ratificó un préstamo por 100,000,000 de dólares y convirtió en ley otros dos proyectos.
Los senadores declararon de urgencia y aprobaron en dos sesiones consecutivas la colocación de los bonos con 17 votos a favor y ocho en contra, de una matrícula de 25 senadores presentes, del total de 32.
Con la ley se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a colocar el monto aprobado dentro del ejercicio presupuestario que corresponde al año 2024.
Además, a realizar operaciones de manejo, administración y gestión de pasivos durante el año 2024 por hasta el 10 % del balance de la deuda del sector público no financiero, pero que tenga como objetivo reducir el monto.
"Los recursos provenientes de esta emisión deberán ser transferidos a la Tesorería Nacional, entidad que debe ejecutar las estrategias financieras que permitan minimizar el costo de acarreo (costo carry) generado por la operación", establece el artículo 11 de la ley relativo a la transferencia.
La pieza fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 29 de diciembre y pasó al Senado donde se conoció en la Comisión de Hacienda, que rindió un informe favorable.
Durante la discusión contó con el rechazo del senador de Elías Piña, Yván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien aseguró que el Congreso aprobaría préstamos que no serán utilizados y acusó al gobierno de endeudar a la RD.
Millones para Supérate
Los congresistas también ratificaron un convenio de préstamos de 100,000,000 de dólares para el financiamiento del proyecto de apoyo a la implementación de las estrategias y la protección social del programa Supérate. Fue sancionado con 16 votos a favor y 9 en contra.
Con el préstamo se busca incrementar la eficiencia de los servicios integrados de protección social, promover la inclusión económica y el acceso a la asistencia de respuestas a choques climáticos para las personas en pobreza extrema, según se argumentó. El convenio fue suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y buscaría "mejorar la empleabilidad a través de un paquete integrado de servicios que ayudará a los jóvenes vulnerables a encontrar y mantener un empleo remunerado".
El programa se desarrollará en 14 provincias, que, de acuerdo al informe de la comisión del Senado que estudio el proyecto, concentran el 67.07 % de las familias beneficiarias por el programa Supérate. Las demarcaciones seleccionadas fueron el Distrito Nacional, Santo Domingo, Duarte, La Altagracia, Espaillat, La Romana, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santiago, Barahona, San Juan y Monseñor Nouel.
Nueva Dirección de Inteligencia
Es ley, el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI). La DNI, como organismo centralizado del Estado, tiene como único fin proteger la seguridad nacional y coordinar lo relativo al SNI. La pieza fue refrendada con 21 votos a favor y cuatro en contra.
La nueva legislación define al SNI como el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la DNI para proveer información estratégica para la seguridad nacional.
El SNI estará conformado por todos los organismos y órganos independientes entre sí y fundamentalmente coordinados, ligados a las actividades específicas de inteligencia. La DNI será el órgano coordinador del SNI y le corresponderá coordinar las actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Preocupación
Durante las discusiones del proyecto, actores sociales externaron su preocupación sobre la creación de las nuevas instancias, como la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
En una comunicación del 15 de febrero del 2023, remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz, si bien resaltó los aportes del proyecto de ley no dejó de cuestionarlo.
"Existen algunas disposiciones contenidas en el proyecto que entendemos deben ser revisadas con detenimiento, con el fin de adecuarlas a una redacción que salvaguarde la armonía legislativa y que procure una aplicación efectiva y razonable de esta pieza legal", argumentó. Su posición era que la redacción de la legislación podría ocasionar perjuicios al sistema financiero, lesionando, además, derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos en el país. Las preocupaciones eran dirigidas mayormente a la entrega de informaciones sensibles de los ciudadanos a la DNI. Los proyectos pasan ahora al Poder Ejecutivo para ser promulgados o no.
