Aun mes exacto de las elecciones municipales del 18 de febrero de este año, la Junta Central Electoral (JCE) avanza a buen ritmo en el montaje para las votaciones, pero tiene el reto de accionar frente a las denuncias del uso de los recursos del Estado en favor de los candidatos del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y despejar las dudas sobre los equipos de transmisión y escaneo de los resultados de las elecciones.
Ayer, el partido opositor Fuerza del Pueblo (FP) denunció que el Gobierno creó un plan de cambiar “bonos por votos” supuestamente ideado desde el pasado mes de diciembre con la finalidad de darle un uso electoral.
El exvicepresidente Rafael Alburquerque detalló que el Gobierno anunció la entrega de 2.5 millones de tarjetas en bono de mil 500 pesos a pesar de que en los propios datos oficiales solo se reconocen 594 mil 270 hogares en condición de pobreza extrema.
“Los 2.5 millones de tarjetas para pagar el bono navideño son adicionales a las que entrega el programa Aliméntate que beneficia a 1,510,432 hogares, que representan un total de 4,010,432 tarjetas, cerca del 50% de los 8 millones 103 mil 291 dominicanos que podrán ejercer su derecho al voto en los sufragios municipales ¿por qué se imprimieron 2.5 millones de tarjetas, si solo se reconocen 594,270 hogares en condición de pobreza extrema y moderada? ¿Se entregarán tarjetas a los bebés y a los menores de 18 años?”, se preguntó Alburquerque.
La organización informó que solicitará a la JCE que emita una veda que impida la entrega de tarjetas de bono después del 17 de este mes. También pedirá un informe al Banco de Reservas sobre la lista de beneficiarios.
La pasada semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sometió un expediente con seis casos documentados ante la JCE sobre el supuesto uso de los recursos públicos para beneficiar a los candidatos del partido oficial.
Sobre el tema, la JCE emitió un comunicado en el que advierte a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y los de elección popular que estará vigilante sobre el uso de los recursos públicos.
“De igual forma, hace un llamado a los funcionarios/as designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de elección popular, a los fines de que se abstengan de utilizar los actos públicos permitidos que realizan las instituciones a las que pertenecen y los recursos y bienes del Estado para beneficiar o generar ventajas de candidaturas; por lo que éste órgano electoral se mantendrá vigilante en procura de preservar la integridad electoral y el respeto a las reglas que rigen la campaña electoral”, puntualiza la JCE.
El órgano también se pronunció sobre la participación de los militares en actos políticos e instó a a los altos mandos de los cuerpos castrenses a tomar las medidas correspondientes para evitar que se repitan hechos como el de Azua, difundido el pasado fin de semana.
Sobre el uso de los recursos del Estado, Participación Ciudadana ha sostenido que es una preocupación de siempre en esa entidad, pero se ha enfocado en la publicidad gubernamental.
Lo que dice la ley
La Ley del Régimen Electoral 20/23 en los artículos 209 y 2010 prohíbe el uso de recursos públicos para beneficiar partidos políticos y candidaturas.
El artículo 209 reza: “Actos públicos por entidades estatales. La celebración de los actos públicos realizados por las entidades estatales no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos a las elecciones”.
El párrafo IV del artículo 210, señala: “Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido, agrupación, movimiento político o candidato”.
La ley también prohíbe crear programas de asistencia social extraordinarios durante el periodo electoral.
¿Quién sanciona?
La JCE aprobó el reglamento que crea el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral y puso en funcionamiento la unidad de atención, seguimiento y mecanismos de ejecución de las sanciones con ocasión de las infracciones administrativas electorales y medidas cautelares.
Pero el propio comunicado de la JCE donde informa de la aprobación de la referida nota aclara que “este reglamento no está vinculado a los crímenes y delitos electorales puesto que es una competencia de los tribunales ordinarios penales y del Ministerio Público Electoral”.
El reglamento de procedimiento sancionador establece que el órgano puede imponer medidas cautelares de oficio siempre y cuando estén motivadas sin la necesidad de que intervenga la unidad encargada.
Lo que no queda claro es si el uso de los recursos del Estado es un delito o una infracción electoral y el alcance de la JCE para sancionar su uso.
Del montaje de las elecciones
Este sábado 20 de enero, la JCE informó que realizará la segunda prueba regional para continuar el proceso de prueba del cómputo electoral en los equipos de dispositivos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos (EDET), de cara a la celebración de las elecciones municipales a realizarse el próximo 18 de febrero.
La JCE realizó la primera prueba al sistema tecnológico del cómputo electoral el pasado sábado 13 de este mes.
En diciembre el órgano sometió los equipos a una auditoría con técnicos internacionales que arrojó debilidades que, según la JCE, ya han sido corregidas.
Como parte del montaje, la JCE ya arrancó la impresión de 17 millones 870 650 mil boletas que se usarán para la elección de 3 mil 849 cargos.
El padrón de electores es de 8 millones 105 mil 151 inscritos, según los datos suministrados por la JCE.
El órgano electoral ha informado que habrá un total 16 mil 851 colegios electorales para las votaciones municipales en más de 4 mil 295 recintos.
El pasado martes, la JCE también arrancó con la impresión del padrón electoral que se distribuirá en cada centro de votación. Según las autoridades de la JCE, la impresión de ese material se tomaría unos 4 días por lo que quedaría listo esta misma semana.
Boletas separadas, un reto para contar votos
La eliminación del arrastre en el voto municipal ha generado dos niveles de elección, uno para alcaldes y regidores y lo propio para directores de distrito y vocales. Los especialistas en montaje de elecciones han advertido que esa nueva realidad representa un reto enorme para la JCE en lo relativo al conteo de los votos. En el caso de regidores y vocales, además se contempla el voto preferencial, que complica aun más el escrutinio. Las elecciones municipales solo tienen tres meses de diferencia con las congresuales y municipales, por lo cual el escrutinio del voto municipal tiene que desarrollarse de manera paralela al montaje de las elecciones de mayo.
Denuncia
Recursos Los partidos de oposición arrecian denuncias de uso de recursos del Estado a favor del PRM y sus candidatos.
