Las iniciativas de nuevas cárceles cristalizaron luego de que la entonces Defensora del Pueblo, Zoila Medina, librara una intensa campaña en ese sentido.
Mucho antes de ascender a la Presidencia de la República, Luis Abinader había comunicado que su estrategia en seguridad incluirían la reorganización del sistema carcelario, plan que posteriormente plasmó en su propuesta de gobierno para los comicios del año 2020.
Ampliar y fortalecer el nuevo modelo penitenciario, aumentar la inversión en la prevención del consumo de drogas, así como en la atención a personas en estado de dependencia, separar en el sistema penitenciario los criminales violentos que han cometido delitos graves de quienes han cometido infracciones menores, ejecutar un programa amplio y continuo de reinserción laboral, asistencia sicológica y seguimiento eficaz de los protocolos establecidos, fueron las propuestas presentadas por el mandatario.
Asimismo, dentro del plan de gobierno se incluyó una reforma policial integral para disminuir y controlar el delito buscando promover con estos cambios en la cultura institucional, la profesionalización, la eficiencia y la eficacia de los servicios policiales.
Una vez ascendió a la Presidencia, los planes se ponen en marcha y para el año 2020 es presentado al pueblo dominicano el Plan de Reforma Penitenciaria y su apoyo es declarado de interés nacional.
“Esta reforma es vital y de máxima urgencia para nuestra nación, y a ello he encomendado la tarea a don Roberto Santana, a quien hoy mismo he nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de Seguridad y Sistema Penitenciario”, afirmó el mandatario durante el acto de presentación.
El jefe del Estado explicó que entre los objetivos del nuevo plan se planteó evitar la corrupción dentro de los recintos penitenciarios, garantizar los derechos de los privados de libertad y protección a las víctimas.
De su lado quien tendría encomendada la tarea de presentar las políticas para la reforma, el asesor honorifico Roberto Santana, durante el mismo evento prometió que “concluiría el Plan de Reforma Penitenciaria a más tardar en los próximos tres años de gobierno si las instituciones comprometidas se someten a la ley, son transparentes y no llevan una agenda partidaria oculta”.
La puesta en marcha de esa reforma implicó también la destitución de los funcionarios que en ese entonces dirigían las prisiones tradicionales, en reconocimiento de que la estructura era infuncional y era necesario reformarla.
En noviembre del 2021, Santana, designado un año antes asesor del Poder Ejecutivo en políticas de Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario, fue instruido por el mandatario para que “coordine y dirija, en conjunto con el Ministerio de Interior y Policía y su dependencia, la Policía Nacional, la reestructuración del Instituto Policial de Educación”.
Sin embargo, a tres años de gobierno, el mandatario durante la rueda de prensa “La Semanal”, admitió que los esfuerzos no han sido suficientes para lograr una mejoría significativa en el sistema carcelario dominicano.
“Hemos hecho algunos arreglos, pero no los suficientes para mejorar significativamente el sistema carcelario del país”, admitió el mandatario.
Estas declaraciones surgen luego del desmantelamiento de un centro de llamadas en la cárcel de La Victoria. Esta estructura utilizaba 12 parábolas de internet satelital marca Starlink y seis repetidores de señal, según la nota remitida por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC). Empero, no informa cuántos presos y agentes penitenciarios formaban parte de esta red.
No obstante, lo cierto es que esta no es la primera vez que salen a relucir las debilidades del sistema penitenciario dominicano, pues en el 2020 la cárcel pública del Kilómetro 15, en Azua fueron identificadas 15 personas que extorsionaban a los internos y que desde allí organizaban actividades delictivas en las calles. Después de las requisiciones, el tema de los motines en las cárceles dominicanas también ha salido a relucir. Durante un rastreo realizado el en el transcurso del año 2022, identificó unos 15 registrados en distintas cárceles del país, donde por lo menos once reclusos han fallecido y decenas resultaron heridos.
Atendiendo a la sobrepoblación de las cárceles dominicanas, Abinader ante el cuestionamiento sobre los trabajos de construcción de la cárcel Las Parras, ubicada en el municipio de Guerra, confesó que esa es un área donde se debe dedicar más recursos, agregando que la mejoría del sistema carcelario se verá cuando se puedan trasladar alrededor del 30 por ciento de los presos y así intervenir diversos centros.
Las Parras forma parte de un conjunto de cárceles que se empezaron a construir en la gestión del exprocurador Jean Alain Rodriguez en distintos puntos del país para el Plan de Humanización de los centros penitenciarios y que luego fueron retomadas para su terminación por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mived), según un acuerdo entre esa cartera y la Procuraduría General de la República.
Al igual que Las Parras tampoco ha sido concluida La Nueva Victoria.
Dentro de los recintos que se han inaugurado están: el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (CAPLIP-IV), en Batey Bienvenido, Santo Domingo Oeste, en sustitución de la cárcel de Bella Colina, con capacidad para 70 privados de libertad.
Las declaraciones de Abinader también ponen de manifiesto la realidad con la que el sistema penitenciario dominicano viene lidiando durante muchos años: la condición de hacinamiento en la que viven los presos.
El ex presidente Danilo Medina durante su discurso de rendición de cuentas del año 2020 señaló que para ese entonces se estaban remodelando y ampliando el conjunto de centros penitenciarios del país, incluyendo la edificación de La Nueva Victoria, la cual afirmaba estaría lista para el mes de marzo de ese año.
Medina acotó que el resultado seria 12,000 nuevos espacios “y con ello nos habremos convertido en uno de los primeros países de América Latina en tener un espacio por preso, condición indispensable para asegurar la necesaria dignidad y capacidad de reinserción de nuestro sistema penal”, agregó.
Tres años más tarde, el Grupo de Diarios América (GDA) hizo una revisión del panorama en las cárceles de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico que dejarían al descubierto la condición de las cárceles dominicanas.
Según la investigación de la DGA en República Dominicana, la población carcelaria pasó de 25, 437 en 2016 a 26, 782 en 2017; para 2020 ya era de 27,026; en 2022 era de 25,711. Actualmente se cifra en 25,370, con una tasa de hacinamiento de 62.2%, según la Dirección general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSP).
“Sobrepoblación, hacinamiento, violencia, dominio de grupos criminales que han derivado en algunos casos en motines o disturbios con heridos y muertos, extorsiones. Así son las cárceles en América Latina”, expresa la DGA en su investigación.
De su lado, el Listín Diario hizo un recuento de La Victoria, considerada como la cárcel en peor situación. Construida para alojar a 2,000 personas, cuenta actualmente con una población carcelaria de 7,608. “El centro posee la cantidad más elevadas de personas con trastornos psiquiátricos a nivel nacional (un aproximado de 60 personas)”. Se ubican en un espacio llamado “Los Malogrados”. La razón: alberga también a internos con tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa.
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