El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, informó ayer que la presente gestión ha entregado 90 mil títulos de propiedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de miles de dominicanos que tenían más de 20 años en terrenos del Estado de manera informal.
Desde su óptica, el programa de Titulación de Terrenos es el proyecto de mayor impacto social ejecutado por este gobierno.
“Entre las provincias beneficiadas figuran San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Azua, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia…, en fin, todo el país”, agregó.
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el funcionario explicó que los gastos del proceso están bajo la responsabilidad del Estado y que implica para el beneficiario un ahorro promedio de RD$80 mil.
De acuerdo con lo explicado por Santos Echavarría, a través de la Unidad de Titulación se hace el levantamiento correspondiente. El principal requisito para obtener el documento es que la persona tenga más de 20 años con la propiedad.
Descartó que tomen en cuenta la simpatía partidaria.
“Estamos formalizando la propiedad y al mismo tiempo evitando las invasiones de tierra”, precisó.
Son terrenos del Estado que estaban en manos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) o del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y que fueron entregados a estas personas que construyeron sus viviendas pero que carecen de título de propiedad, explicó.
“Si calculamos que en cada una de esas viviendas habitan cinco personas, estamos hablando de que beneficiamos a más de 450 mil dominicanos, que antes vivían en la informalidad y que ahora tienen protegida la inversión realizada en el terreno, además, de que cuentan con un activo que, inclusive les permite obtener facilidades de crédito”, sostuvo.
Al hacer referencia a la importancia del proyecto, Santos Echavarría citó el caso de Pedernales, donde la mitad del pueblo está construido en terrenos del Estado. Igual sucede en otras provincias.
El ministro participó en el Almuerzo acompañado de Camel Curi Lora, viceministro de Proyectos de Inversión; Betty Soto, viceministra de Desarrollo Social y Rosanna Figueroa, directora de Comunicaciones.
Familia Feliz
Al referirse al Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, el ministro detalló que es producto de una alianza público-privada y que persigue fomentar que los dominicanos puedan adquirir su primera vivienda. El precio de estas casas oscila entre 1.7 millones y 1.9 millones de pesos.
El gobierno, a través del ministerio concede una serie de subsidios, entre ellos un bono inicial que ronda entre el 3 al 9 por ciento del valor de la vivienda; un bono Itebis, y un bono tasa que contribuye a reducir el costo de la mensualidad a pagar. También hay facilidades para madres solteras y en condiciones de vulnerabilidad.
En vez de una renta, el beneficiario aportará su cuota mensual en un inmueble que en el transcurrir del tiempo será de su propiedad.
“La cuota a pagar por el préstamo oscilará entre 6 mil a 15 mil pesos”, explicó. El año pasado fueron entregadas, mediante esta modalidad, 2,900 viviendas.
La proyección para este año sobrepasa las 9 mil unidades habitacionales a entregar.
Esto así en virtud de que los desarrolladores han ido creciendo. Hay proyectos en carpeta en 21 provincias.
Entre abril y mayo serán entregados 10 proyectos en diferentes comunidades. El año pasado fueron entregados 84 proyectos. Más del 85 por ciento de las viviendas entregadas responden a familias que no tenían capacidad de crédito y en virtud de las facilidades y subsidio del gobierno han podido adquirir su hogar. El índice de morosidad ronda el 0.2 por ciento.
El 95 por ciento de los proyectos son cerrados, es decir, que las personas tienen un entorno digno y seguridad garantizada.
Desarrollo
Al responder preguntas de ejecutivos y periodistas, el ministro dijo que dentro de los ejes de trabajo de la dependencia que dirige se encuentran también el proyecto turístico de Pedernales, el cual impactará, además, las provincias Baoruco, Independencia y Barahona.
Otro proyecto importante es el puerto de Manzanillo, en Montecristi.
Estos proyectos persiguen con una inversión del Estado, generar un efecto multiplicador en el sector privado, de manera que también se motiven a invertir.
